El pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con lo que recordamos que uno de los mayores desafíos de la humanidad sigue siendo garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades y construir un futuro mejor. Combatirla la pobreza exige crecimiento económico, instituciones sólidas y políticas públicas capaces de distribuir de manera más justa los beneficios del desarrollo.
México ha conseguido avances históricos. De acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la CEPAL, la pobreza por ingresos disminuyó de 28.6% en 2022 a 22.5% en 2024 y la pobreza extrema pasó de 6.2% a 5.0%. La reducción adquiere una dimensión todavía mayor al observar las cifras del INEGI, que muestran que, entre 2016 y 2024, aproximadamente 13.7 millones de mexicanos salieron de la pobreza multidimensional, cuya incidencia pasó de 43.2% a 29.6%.
Estos resultados reflejan los efectos de una política económica que ha colocado el bienestar de la población entre sus prioridades, mediante la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la ampliación de los programas sociales y el fortalecimiento del mercado interno. Sin embargo, también nos obligan a reconocer que todavía existen millones de personas que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, educación, vivienda digna y empleos suficientemente remunerados. La disminución de la pobreza es una conquista fundamental, pero su erradicación definitiva requiere transformar las condiciones económicas y sociales que históricamente han favorecido su reproducción.
En este contexto, resulta especialmente relevante el Premio Nobel de Economía 2026, otorgado a los economistas Robert E. Hall y Michael Woodford por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica. Sus investigaciones han permitido comprender mejor cómo las decisiones de las familias y las empresas influyen en el comportamiento de la economía y cómo las políticas fiscales y monetarias pueden contribuir a reducir la intensidad de las crisis y los periodos de inestabilidad.
Las aportaciones de ambos investigadores ofrecen enseñanzas importantes para México. Hall ha estudiado cómo las expectativas sobre los ingresos futuros influyen en las decisiones de consumo de los hogares, mientras que Woodford ha profundizado en el papel de las tasas de interés, las expectativas de inflación y la credibilidad de las instituciones monetarias. Sus trabajos muestran que las decisiones económicas del Estado no pueden reducirse a cifras presupuestarias o indicadores financieros, pues terminan influyendo sobre el empleo, el consumo, la inversión y las posibilidades de bienestar de millones de personas.
Esta perspectiva permite comprender que la estabilidad macroeconómica y la justicia social no son objetivos contradictorios. Por el contrario, pueden reforzarse mutuamente cuando las políticas públicas están adecuadamente diseñadas. Una inflación elevada deteriora el poder adquisitivo de las familias, especialmente de aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a la alimentación, el transporte y otros bienes indispensables. Pero una política monetaria restrictiva también puede encarecer el financiamiento, frenar la inversión y afectar la generación de empleos.
Las finanzas públicas sanas son una condición para sostener el bienestar a largo plazo, no un fin en sí mismo. Un Estado con ingresos suficientes, una deuda sostenible y capacidad para invertir de manera eficiente puede garantizar mejores servicios públicos, fortalecer la infraestructura y responder oportunamente ante las crisis. Por el contrario, la fragilidad fiscal reduce los márgenes de actuación gubernamental y puede comprometer los recursos destinados a las generaciones futuras.
Por ello, resulta indispensable avanzar hacia un sistema fiscal más moderno, eficiente y equitativo. Necesitamos fortalecer la recaudación mediante el combate a la evasión y la elusión fiscales, la eliminación de privilegios injustificados y una contribución más proporcional de quienes cuentan con mayor capacidad económica. También debemos actualizar nuestras instituciones tributarias frente a las nuevas actividades económicas y digitales, evitando que las transformaciones tecnológicas generen espacios de desigualdad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Una política fiscal progresiva no solamente permite redistribuir los recursos disponibles, sino también financiar inversiones que amplían las capacidades productivas de la sociedad. La evidencia internacional muestra que el gasto público en educación, salud y protección social puede reducir las desigualdades y favorecer la movilidad.
Esta tarea debe acompañarse de una estrategia nacional orientada a elevar la productividad, fortalecer a las PYMES, impulsar la innovación y ampliar la inversión pública y privada. Los programas sociales son esenciales para garantizar ingresos y proteger a quienes enfrentan mayores dificultades, pero su efectividad será todavía mayor si se articulan con oportunidades de trabajo digno, capacitación, acceso al crédito y desarrollo regional. No es sólo distribuir mejor la riqueza existente, sino crear las condiciones para producir más riqueza y asegurar que sus beneficios alcancen a toda la población.
La experiencia mexicana demuestra que es posible disminuir la pobreza cuando existe voluntad política y una orientación social clara. Ahora, debemos consolidar esos resultados mediante instituciones más eficaces, servicios públicos de mayor calidad y una estructura económica que ofrezca oportunidades reales de movilidad social. Para conseguirlo, resulta indispensable fortalecer los ingresos del Estado, combatir la corrupción y asegurar que cada peso del presupuesto contribuya efectivamente al bienestar colectivo.
La principal enseñanza que podemos recuperar de las investigaciones reconocidas con el Nobel de Economía de este año es que las políticas económicas deben anticipar las crisis, comprender las decisiones de las familias y construir condiciones de estabilidad que favorezcan el desarrollo. A esa enseñanza debemos añadir un compromiso irrenunciable con la justicia distributiva. Una economía estable que no reduce las desigualdades permanece incompleta, así como una política social que carece de bases fiscales sólidas enfrenta dificultades para sostener sus logros.
Nuestro objetivo debe ser construir un México donde el crecimiento y la estabilidad se traduzcan en mejores salarios, servicios públicos de calidad, mayores oportunidades y una distribución más justa de la riqueza. La tarea no está concluida. Tenemos que erradicar la pobreza extrema, consolidar la movilidad social ascendente y garantizar que quienes han mejorado sus condiciones de vida puedan seguir adelante.
La prosperidad compartida solamente será una realidad cuando ninguna persona esté condenada a vivir en la pobreza por las circunstancias de su nacimiento y cuando el progreso económico se convierta, efectivamente, en bienestar para todas y todos.
