Cada día, millones de personas en México utilizan plataformas digitales para trabajar, comprar, estudiar, comunicarse o entretenerse. Detrás de esas actividades existe una economía que obtiene ingresos mediante suscripciones, comisiones, publicidad y aprovechamiento comercial de información. Buena parte de ese valor se construye con la participación de usuarios mexicanos, aunque las empresas que lo capturan tengan su domicilio, sus servidores y sus principales operaciones en otro país. Esta realidad plantea una pregunta fundamental para la justicia tributaria. ¿Cómo lograr que la riqueza generada con nuestro mercado contribuya también al bienestar de nuestra población?
La transformación tecnológica ha abierto oportunidades extraordinarias. Ha facilitado el acceso a servicios, ampliado los canales de comercialización de pequeños negocios y permitido que numerosos trabajadores encuentren nuevas fuentes de ingreso. México debe aprovechar ese potencial y acompañarlo con infraestructura, conectividad, educación e inclusión financiera. Al mismo tiempo, corresponde al Estado actualizar las reglas con las que organiza la actividad económica. La innovación necesita un marco fiscal capaz de reconocer dónde se genera valor y de distribuir equitativamente las responsabilidades que sostienen el desarrollo.
Durante décadas, la tributación internacional de los beneficios empresariales se organizó alrededor de una presencia identificable mediante oficinas, instalaciones u otros vínculos previstos en la figura del establecimiento permanente. La economía digital ha mostrado los límites de ese esquema. Una empresa puede mantener una relación continua con el mercado mexicano, atender a una enorme cantidad de usuarios y obtener ingresos relevantes sin disponer de instalaciones físicas en nuestro territorio. La distancia entre esa realidad económica y las reglas fiscales merece una respuesta legislativa seria.
El marco mexicano ya contempla obligaciones para prestadores extranjeros de servicios digitales, entre ellas trasladar y enterar el IVA correspondiente. Las plataformas de intermediación también pueden retener impuestos por las operaciones de quienes venden bienes o prestan servicios a través de ellas. Sin embargo, recaudar impuestos de consumidores o retener los de terceros es distinto de contribuir por los ingresos propios que obtiene la plataforma. El cumplimiento de aquellas obligaciones no resuelve, por sí solo, la discusión sobre la tributación de sus beneficios empresariales.
Esta diferencia resulta especialmente importante para comprender los servicios que parecen gratuitos. Cuando una persona utiliza un buscador o una red social, su interacción puede contribuir a generar ingresos publicitarios. Las preferencias, la atención y la información sobre comportamientos de consumo permiten ofrecer servicios comerciales cada vez más especializados. Aunque el usuario no pague una suscripción, participa en una actividad económica rentable. Por ello, la reflexión fiscal debe considerar tanto los cobros directos como otras formas de obtener beneficios vinculados con el mercado nacional.
En ese sentido, presentaremos una iniciativa que propone incorporar al Código Fiscal de la Federación el concepto de presencia digital en México y armonizar disposiciones de las leyes del IVA, del ISR y del IEPS. Su propósito es reconocer el vínculo económico de empresas extranjeras con usuarios ubicados en nuestro territorio, aun cuando su infraestructura tecnológica y su domicilio se encuentren fuera del país.
La propuesta también busca actualizar el catálogo de servicios digitales para responder a actividades que han adquirido creciente importancia. La legislación debe acompañar la evolución de los modelos de negocio y evitar que las nuevas formas de generar ingresos queden sujetas a interpretaciones inciertas. Reconocer la presencia digital permite construir una base conceptual más clara para identificar a quienes participan económicamente en México. Esa claridad beneficia tanto a la autoridad encargada de aplicar las disposiciones como a las empresas que necesitan conocer sus obligaciones.
Reconocer la presencia digital constituye un primer paso y no establece, por sí mismo, un nuevo gravamen general sobre las utilidades de todas las plataformas extranjeras. La propuesta plantea una ruta gradual que incluye estudios técnicos para valorar una eventual regulación de presencia digital significativa con efectos en el ISR. Esos estudios deberán aportar información sobre recaudación potencial, características de cada sector, criterios de aplicación y consecuencias económicas. Posteriormente, se tomarán decisiones legislativas y de política pública, sustentadas en evidencia.
Un esquema justo debe atender la capacidad económica y la intensidad del vínculo con nuestro mercado. Para ello, será necesario estudiar parámetros como los ingresos obtenidos, el número de usuarios o el volumen de relaciones comerciales, ajustándolos a las condiciones mexicanas. También deberá precisarse qué beneficios pueden atribuirse a la actividad realizada en el país. La certeza jurídica exige criterios verificables y procedimientos comprensibles. Una regulación bien diseñada puede fortalecer la recaudación y ofrecer a los contribuyentes condiciones previsibles para invertir y cumplir.
Esta iniciativa también representa un tema de competencia económica justa, considerando que los negocios establecidos en México sostienen obligaciones fiscales, laborales y administrativas mientras participan en mercados donde también operan empresas con estructuras internacionales. El diseño tributario debe procurar que las diferencias en la forma de organizar una actividad no produzcan ventajas injustificadas. Una economía digital competitiva necesita espacio para emprendimientos nacionales, pequeñas empresas y proyectos tecnológicos. La política fiscal debe considerar esa diversidad y evaluar cuidadosamente los costos de cumplimiento que introduce.
Asimismo, es indispensable eliminar la posibilidad de que las empresas trasladen sus costos a consumidores, comerciantes o trabajadores que dependen de sus plataformas. De igual forma, se requiere revisar a detalle las disposiciones de los tratados para evitar la doble imposición y afectar los compromisos comerciales de México. La coordinación entre Hacienda, el SAT y las instancias responsables de nuestras relaciones internacionales permitirá construir una propuesta sólida.
Quienes encuentran en México un mercado para generar recursos deben también contribuir a su sistema fiscal y, por lo tanto, a generar recursos públicos indispensables para su desarrollo. Pedir que la riqueza de las plataformas digitales generada por usuarios mexicanos, es un asunto de justicia tributaria.
