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Casi todos tenemos una historia con un animal. El perro que nos esperaba en la puerta todos los días, el gato que llegó sin avisar y decidió quedarse, o aquel animal en la calle al que no pudimos dejar atrás. Son historias que nos acompañan y que, sin darnos cuenta, nos enseñaron algo sobre el cuidado y la responsabilidad. Por eso, lo que ocurrió en el Senado el pasado 29 de septiembre no es un trámite legislativo más. Ese día, con 115 votos a favor y uno en contra, se aprobó la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Para entender el tamaño de este paso hay que mirar atrás. El 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 3º, 4º y 73 de la Constitución. Con ella, México prohibió expresamente el maltrato animal, obligó a todas las autoridades a garantizar la protección y el cuidado de los animales, ordenó incluir el bienestar animal en los planes de estudio y facultó al Congreso para expedir una ley general en la materia. Fue un logro enorme, celebrado por quienes llevan décadas trabajando por esta causa.

Pero una reforma constitucional, por sí sola, no basta. Pensemos en algo tan cotidiano como un perro encadenado bajo el sol en una azotea. La Constitución ya decía que eso no debía pasar, pero ¿a quién llamar?, ¿qué autoridad debía actuar?, ¿qué consecuencia tendría el responsable? Durante casi dos años, esas preguntas no tuvieron una respuesta clara en todo el país. La Constitución marcaba el rumbo, pero faltaban las leyes que construyeran el camino. Sin ellas, el mandato de 2024 corría el riesgo de quedarse en una buena intención, y el bienestar animal merecía mucho más que eso. Merecía convertirse en una obligación exigible.

Eso es justamente lo que hace esta nueva ley. Y empieza por algo que parece obvio, pero que nunca había quedado escrito a nivel nacional. Los animales sienten. Sienten dolor, miedo, estrés y también bienestar. Por eso la ley los reconoce como seres sintientes y les da una protección que va más allá de evitar el golpe. Ahora también importan su alimentación, su salud, el espacio donde viven, su comportamiento y su estado emocional. Además, deja claro quién hace qué, porque la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías tendrán responsabilidades definidas, y crea herramientas concretas como una Estrategia Nacional de Bienestar Animal y un Registro Nacional de Animales de Compañía. Son 125 artículos que, en pocas palabras, cambian la manera en que el Estado mira a los animales.

Y aquí es donde la ley deja de ser una declaración de buenas intenciones. ¿Recuerdan al perro encadenado en la azotea? Ahora cualquier persona podrá denunciarlo, por escrito, de palabra o por medios electrónicos, e incluso pedir que se proteja su identidad si teme por su seguridad. Quien lo maltrate ya no solo enfrentará una sanción. También tendrá que hacerse cargo del daño y pagar la atención veterinaria, la rehabilitación y la manutención del animal. Su nombre podrá quedar inscrito en un Padrón de Infractores. Además, la ley pone nombre y apellido a la crueldad con un catálogo amplio de conductas prohibidas. Prohíbe las peleas de perros y la venta de animales de compañía en tianguis, en la calle o desde la cajuela de un coche, una escena que muchos hemos visto y que por fin tendrá consecuencias.

Lo más valioso, quizá, es lo lejos que llega su mirada. Los perros y los gatos ocupan el centro de la conversación pública, pero la ley también voltea a ver a muchos que casi nunca aparecen en ella. Al burro que carga leña o al caballo que tira de una carreta, que tendrán derecho a descanso, agua y alimento, y que al terminar su vida de trabajo no podrán ser abandonados, vendidos ni sacrificados. A los perros de búsqueda y rescate, que merecen un retiro digno después de años de servicio. A los animales de granja, a los que viven en zoológicos y acuarios, y a los que se utilizan en la investigación científica. Y quizá lo más importante para el largo plazo es que apuesta por la educación. El bienestar animal llegará poco a poco a las aulas para formar generaciones que entiendan la empatía hacia los animales.

Hace unos meses escribí en este espacio sobre cómo el bienestar animal había pasado de ser una causa de la sociedad civil a ocupar un lugar en la agenda legislativa. Hoy podemos decir que esa agenda empieza a convertirse en ley. Es el resultado de muchas voces, desde legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios hasta organizaciones, rescatistas, personas tutoras y activistas que nunca dejaron de insistir.

Sin embargo, todavía falta el último tramo. La minuta ya está en la Cámara de Diputados, donde primero deberá ser analizada y dictaminada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en las próximas semanas, votada por el Pleno. Es la recta final de un proceso legislativo que, una vez concluido, permitirá que la ley sea publicada y entre en vigor.

Porque lo que tenemos enfrente es una deuda histórica. Durante demasiado tiempo, los animales fueron tratados como cosas, como objetos de uso o de descarte, sin una protección legal clara a nivel nacional. Esta ley no lo resolverá todo de un día para otro, ninguna ley lo hace, pero sí representa un paso firme y decidido para empezar a saldarla.

Y precisamente por eso no podemos detenernos aquí. Legislar en favor del bienestar animal no es un acto que se cumple una sola vez, sino un compromiso permanente. Vendrá la armonización de las leyes estatales, la reglamentación, las normas oficiales y, sobre todo, la tarea de llevar lo escrito a la realidad de cada calle, cada granja y cada refugio del país. Habrá nuevos retos y temas que todavía esperan su turno, como la protección de las especies marinas o la creación de una comisión ordinaria de bienestar animal en el Congreso, un espacio permanente que le dé a esta causa la atención y la continuidad que merece. Porque proteger a quienes no pueden alzar la voz por sí mismos no puede depender de coyunturas, sino de instituciones.

Que esta ley no sea un punto de llegada, sino un punto de partida. Sigamos impulsando, sigamos exigiendo y sigamos construyendo un país donde el respeto a la vida, toda la vida, sea la regla y no la excepción. Los animales no votan ni presentan iniciativas, pero nos necesitan. Y hoy, por fin, empezamos a responderles.

Alfredo Kuri Osorio

Asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestrante en Comunicación Política Estratégica en FLACSO.