Cuba está al borde de una reorganización del poder. Durante años, el análisis sobre la isla se quedó atrapado en una falsa disyuntiva: continuidad del régimen o transición democrática. Hoy, ese marco ya no sirve. Lo que se está configurando es algo más complejo (y más incómodo): una transición controlada, negociada bajo presión externa y administrada por las propias élites del sistema (estilo Venezuela).
La variable que cambió todo no fue interna. Fue Washington. La segunda administración de Donald Trump, con Marco Rubio como operador central en política hemisférica, ha abandonado cualquier ambigüedad: el objetivo no es modificar el comportamiento del régimen cubano, sino forzar su reconfiguración. El instrumento clave no ha sido el embargo tradicional, sino algo más eficaz: el bloqueo energético.
Al penalizar a terceros países que suministran petróleo a la isla, Estados Unidos convirtió una política de sanciones en una estrategia de estrangulamiento funcional. El efecto es tangible: un sistema eléctrico colapsado, actividad productiva intermitente y una economía que opera, literalmente, por horas.
Esto no es presión simbólica. Es ingeniería de crisis.Y está funcionando.
El deterioro acelerado ha erosionado la ya frágil legitimidad de Miguel Díaz-Canel, cuya figura hoy es más administrativa que política. El poder real se ha desplazado hacia donde siempre estuvo, pero ahora sin intermediarios: el complejo militar-empresarial encabezado por GAESA. Ahí está el verdadero corazón del sistema económico-político del poder en Cuba.
GAESA no es solo un conglomerado. Es la columna vertebral de la economía cubana: controla la mayor parte del turismo, las divisas, la logística, las importaciones y los activos estratégicos. En términos prácticos, es el verdadero ministerio de economía del país —con uniforme. Cualquier transición pasa por ahí. No por el Partido, no por el gobierno formal.
Y dentro de ese núcleo ha emergido una figura clave: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”. Nieto de Raúl Castro, operador discreto y cada vez más central, su papel ha evolucionado de custodio a interlocutor. Es, hoy, uno de los pocos canales creíbles entre La Habana y Washington. Eso cambia el tablero, porque sugiere que lo que está en marcha no es una caída desordenada del régimen, sino una negociación silenciosa sobre sus términos de supervivencia.
La pregunta ya no es si Cuba cambiará, sino cómo y para quién. En ese contexto, empieza a delinearse el contorno de la economía post-crisis. No será una economía socialista reformada, pero tampoco una apertura plena al estilo europeo del Este. El modelo más probable se parece más a un híbrido: apertura sectorial, control político intacto y privatización selectiva de activos.
Un esquema donde los sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, puertos) se abren al capital extranjero, mientras las élites internas retienen posiciones dominantes.
Los incentivos están claros. Cuba posee algunos activos particularmente atractivos en el nuevo mapa económico global. El más evidente es su posición en minerales críticos: níquel y cobalto, esenciales para baterías, tecnología y defensa. En un contexto de competencia con China, asegurar esas cadenas de suministro tiene valor geopolítico inmediato para Estados Unidos.
A eso se suma la reconstrucción de la infraestructura energética (una oportunidad multimillonaria) y la eventual apertura de telecomunicaciones, hoy monopolizadas. El turismo, por su parte, ofrece un mercado listo para ser reconfigurado si se desmonta el control militar.
En términos simples: Cuba podría convertirse en un espacio de inversión intensiva en un plazo relativamente corto. Pero ese escenario tiene condiciones: Primero, el visto bueno de Washington. Ningún flujo significativo de capital ocurrirá sin una redefinición del marco de sanciones. Segundo, la garantía de acceso a activos hoy controlados por el Estado o el aparato militar. Y tercero (el más incierto), un mínimo de estabilidad política que haga viable la inversión.
En esto último aparece la paradoja central. Para atraer capital, Cuba necesita abrirse. Pero abrirse implica redistribuir poder. Y redistribuir poder es, precisamente, lo que el sistema ha evitado durante seis décadas. Por eso, la solución que empieza a perfilarse es otra: no desmontar el poder, sino reorganizarlo. Convertir control político en control económico. Transformar cuadros del régimen en gestores de activos. Pasar de la ideología a la administración.
El riesgo es evidente: una transición que genere crecimiento sin generar ciudadanía. Un capitalismo sin instituciones, administrado por una élite reciclada. Una apertura que beneficie a quienes ya están dentro del sistema, no a quienes han quedado fuera de él.
Mientras tanto, la sociedad cubana sigue perdiendo su recurso más escaso: su gente.La migración masiva no es solo un efecto de la crisis; es un factor que limita cualquier futuro posible. Sin capital humano, sin clase media emergente, sin renovación social, incluso una apertura exitosa corre el riesgo de quedarse sin país.
Cuba no está decidiendo entre socialismo o capitalismo. Está decidiendo si su transición será una transformación real o una simulación sofisticada. Y en ese tipo de procesos, la diferencia no la hacen los discursos, la hacen quienes controlan los activos, negocian con el poder externo y definen las reglas del nuevo juego.
Ahí es donde se está escribiendo el futuro de la isla.
Y en México, tenemos que hacernos la pregunta: si la inversión extranjera directa en petróleo se van a Venezuela y las de turismo, comercio, industria a Cuba, ¿qué nos queda a nosotros?
