La lucha contra la corrupción debe convertirse en uno de los legados más sólidos del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Para lograrlo, la voluntad política tiene que traducirse en instituciones capaces de investigar con independencia, acreditar responsabilidades y recuperar los recursos sustraídos al pueblo de México. La profundidad de esta transformación se medirá también por nuestra capacidad para construir un sistema de justicia que actúe frente al poder económico y político, sin privilegios ni excepciones.
Cada peso desviado reduce las posibilidades de financiar servicios de salud, educación, infraestructura y bienestar. La corrupción también deteriora la confianza ciudadana, castiga a quienes cumplen la ley y permite que intereses particulares se apropien de decisiones públicas. Combatirla es una obligación democrática y una condición para sostener un proyecto de desarrollo con justicia social, elementos centrales de nuestro movimiento.
Las redes que saquean recursos públicos suelen combinar operaciones empresariales, complicidades administrativas, mecanismos financieros y protección institucional. Su investigación exige capacidades suficientes para reconstruir esas relaciones y llevar ante la justicia a quienes las organizan y se benefician de ellas.
Por ello, es necesario que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción cuente con mayores recursos humanos, materiales y presupuestales. Se necesitan ministerios públicos especializados, policías de investigación, peritos, contadores y analistas financieros con preparación, estabilidad y herramientas tecnológicas adecuadas. Investigar operaciones complejas requiere tiempo, información y equipos capaces de sostener una acusación ante los tribunales.
Ese fortalecimiento debe acompañarse de un mayor margen de maniobra. La fiscalía especializada necesita autonomía funcional para definir prioridades, conducir investigaciones y administrar los recursos que se le asignen, con controles públicos sobre su ejercicio. Su capacidad de actuar no debe depender de negociaciones internas, afinidades personales o autorizaciones discrecionales.
Es indispensable, además, establecer con claridad la prevalencia de su competencia en las investigaciones federales por hechos de corrupción, incluso frente a otras áreas de la propia FGR. Debe poder reclamar los expedientes que legalmente le correspondan y evitar que una investigación se fragmente, se duplique o cambie de oficina para diluir responsabilidades. Esa prioridad tendría que estar respaldada por obligaciones de entrega de información y coordinación, respetando las competencias constitucionales y el control judicial. La especialización debe traducirse en autoridad efectiva para llegar hasta el fondo.
La segunda vertiente se refiere a la creación de una fiscalía especializada contra el robo de hidrocarburos, y responde a la gravedad del robo de combustibles y los esquemas de contrabando y evasión tributaria que utilizan documentación irregular, empresas fachada y operaciones financieras para introducir y comercializar combustibles ilegalmente. La propia FGR ha descrito redes que articulan importadores, operadores logísticos y agentes aduanales para ocultar estas operaciones y evadir impuestos.
La comercialización ilegal perjudica a las empresas que cumplen sus obligaciones y alimenta circuitos de delincuencia. Las ganancias de este mercado crean incentivos para comprar protección, corromper controles e involucrar a servidores públicos de distintos órdenes de gobierno. La investigación debe alcanzar esas complicidades allí donde existan, sin importar jerarquías, adscripciones o pertenencias partidistas.
Por ello, necesitamos una fiscalía especializada en hidrocarburos con un mandato legal claro, personal dedicado y capacidades para investigar toda la cadena del negocio ilícito, que tenga la capacidad para seguir el combustible y el dinero, desde el ingreso o la extracción ilegal hasta la distribución, la venta y el destino de las ganancias. La coordinación con las autoridades fiscales, aduaneras, financieras, energéticas y de seguridad debe permitir construir expedientes sólidos. Los aseguramientos deben conducir a la identificación de financiadores, beneficiarios y redes de protección, así como a la recuperación del patrimonio obtenido ilegalmente.
Para este y otros temas de la agenda anticorrupción estamos realizando una amplia consulta con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible. Ese diálogo permitirá afinar las competencias, revisar las necesidades presupuestales y construir mecanismos eficaces de supervisión.
El Segundo Piso de la Cuarta Transformación tiene la oportunidad de dejar instituciones que perduren y funcionen con independencia de quienes ocupen los cargos. Fortalecer la fiscalía anticorrupción y crear una fiscalía especializada contra los delitos en materia de hidrocarburos debe formar parte de ese compromiso. La honestidad en el servicio público exige consecuencias para quienes traicionan la confianza ciudadana. Convertir esa exigencia en investigaciones eficaces, sanciones conforme a derecho y recursos recuperados para el bienestar será una de las mejores maneras de honrar el mandato de transformación.










