México atraviesa un momento histórico para los derechos de las mujeres. Por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República, contamos con un Congreso de la Unión con representación paritaria y, en 2026, nuestro país ingresó al grupo de las 20 economías con mayor paridad de género del mundo, al alcanzar la posición 18 en el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial.
Estos avances son resultado de décadas de lucha por la igualdad y representan una transformación importante en la vida política del país. El desafío ahora es que este reconocimiento de derechos se traduzca también en mejores oportunidades y condiciones de vida para las mujeres.
Sin embargo, los avances políticos todavía no se reflejan con la misma intensidad en el ámbito económico. México ocupa el lugar 117 de 145 países en participación y oportunidades económicas de las mujeres. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mientras 75 de cada 100 hombres participan en la economía, entre las mujeres la cifra es de apenas 46. Además, por cada 100 pesos que perciben los hombres, las mujeres reciben en promedio 86, y más de la mitad de las trabajadoras se encuentra en la informalidad.
Estas desigualdades adquieren especial relevancia en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027. La revisión de los recursos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres constituye una oportunidad para reconocer lo que se ha logrado y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas que todavía se necesitan.
Desde 2008, México cuenta con un instrumento presupuestario para promover la igualdad entre mujeres y hombres, que evolucionó hasta convertirse en el actual Anexo 13. Sus recursos han crecido considerablemente, al pasar de alrededor de 7 mil millones de pesos en 2008 a más de 599 mil millones en 2026. Para 2027, se propone destinar 636 mil 133 millones de pesos, equivalentes a casi el 6% del gasto neto total. Este crecimiento refleja la importancia que ha adquirido la igualdad de género dentro del presupuesto federal, aunque también hace necesario revisar cómo se distribuyen los recursos y qué resultados se obtienen.
Durante 2026 se avanzó en la actualización de los criterios para integrar el Anexo 13, impulsada por la Secretaría de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La nueva metodología busca vincular mejor los recursos públicos con los objetivos de igualdad, mediante criterios orientados a reducir brechas, eliminar barreras de acceso, atender a mujeres en situación de vulnerabilidad y fortalecer su autonomía económica.
Esta actualización representa un avance importante para mejorar la identificación de los recursos y evitar asignaciones basadas únicamente en ejercicios anteriores. Sin embargo, todavía es necesario fortalecer la transparencia sobre la proporción del presupuesto que cada programa destina a la igualdad, especialmente cuando sus beneficios se extienden a toda la población. Publicar los criterios y cálculos utilizados por las dependencias permitiría conocer mejor la integración del anexo y evaluar sus resultados.
La importancia de contar con una metodología más precisa se hace evidente al revisar la distribución de los recursos. Para 2027, los ramos de Bienestar y Educación Pública concentran el 81.2% del Anexo 13. A nivel de programas, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa el 45.9%, la Beca Universal Rita Cetina el 16.8% y la Pensión Mujeres Bienestar el 9%. En conjunto, estos tres programas reúnen el 71.7% de los recursos previstos.
Esta distribución refleja la importancia que tienen los programas de protección social dentro del presupuesto para la igualdad. Las pensiones contribuyen a fortalecer los ingresos de la población beneficiaria, mientras que las becas apoyan la permanencia educativa y la economía de las familias. Al mismo tiempo, resulta necesario identificar con mayor precisión de qué manera estos recursos contribuyen a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres.
La distribución también permite observar la participación de otras áreas vinculadas con las oportunidades económicas. Trabajo y Previsión Social representa el 2.5% del anexo, mientras que Agricultura y Desarrollo Rural concentra el 2.8%. Estos recursos incluyen programas de capacitación, empleo y apoyo a las actividades productivas, cuya contribución a la igualdad debe analizarse considerando sus objetivos, la población beneficiaria y los resultados alcanzados.
La protección social y la autonomía económica son objetivos complementarios. El desafío consiste en mantener los avances en materia de bienestar y, al mismo tiempo, fortalecer las políticas que permitan a más mujeres incorporarse al mercado laboral, acceder a mejores ingresos y desarrollar sus capacidades productivas.
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 ofrece una oportunidad para seguir fortaleciendo las políticas de igualdad, con una mejor identificación de los recursos, mayor transparencia y mecanismos que permitan evaluar sus resultados. El objetivo debe ser que las asignaciones presupuestarias respondan cada vez mejor a las distintas necesidades de las mujeres y contribuyan a superar las desigualdades que todavía persisten.
Avanzar hacia la igualdad sustantiva requiere políticas públicas que se complementen, coordinación entre instituciones y una visión de largo plazo. Más allá de los montos asignados, el verdadero valor del Anexo 13 estará en su capacidad para ampliar las oportunidades económicas, fortalecer la autonomía de las mujeres y generar mejores condiciones de vida.
