El gobierno de Guinea-Bisáu suspendió de forma definitiva un controvertido ensayo clínico sobre la vacuna contra el virus de la hepatitis B (VHB) financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), luego de que el proyecto no obtuviera las autorizaciones gubernamentales correspondientes en materia de seguridad sanitaria y bioética. La intervención de las autoridades de este país de África occidental se intensificó a mediados de octubre, cuando la Policía Judicial allanó las sedes en la capital, Bisáu, del Bandim Health Project, instituto de investigación vinculado a la Universidad del Sur de Dinamarca, e incautó diversos lotes de los biológicos bajo investigación.
El protocolo del estudio, respaldado con 1,6 millones de dólares aprobados por los CDC bajo la gestión del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy, generó alarma en la comunidad médica internacional al proponer la inclusión de unos 14.000 recién nacidos divididos en dos ramas: mientras una recibiría la dosis neonatal de protección inmediata, a la otra cohorte se le retrasaría la administración del inmunizante hasta las seis semanas de vida para monitorear efectos comparativos durante un periodo de cinco años. Expertos en salud pública y la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogaron el ensayo de «poco ético», al advertir que postergar la vacuna vulnera el estándar de atención y expone a miles de lactantes a infecciones crónicas irreversibles, cirrosis y cáncer hepático.
La polémica adquirió particular gravedad debido al panorama epidemiológico de Guinea-Bisáu, donde cerca del 20 % de su población de 2,2 millones de personas padece hepatitis B crónica, un patógeno transmitido mayoritariamente por vía perinatal durante el parto. Mientras investigadores asociados a la iniciativa danesa lamentaron el cierre del proyecto y lo calificaron como un revés para la investigación en territorio africano, las instancias judiciales mantienen abiertas las diligencias para determinar si los responsables incurrieron en violaciones directas a los protocolos locales de seguridad biológica y consentimiento médico.
