El gobierno de Cuba presentará este 27 y 28 de octubre ante la Organización de las Naciones Unidas el proyecto de resolución que exige el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esta votación, la trigésima cuarta que La Habana impulsa de manera consecutiva en el organismo multilateral, se lleva a cabo en medio de una severa crisis en la isla y en un contexto marcado por restricciones financieras y energéticas.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció previamente presiones extremas por parte de Washington hacia diversos Estados miembros para influir en el sentido de sufragio durante la Asamblea General. Mientras el gobierno estadounidense sostiene jurídicamente el término «embargo» al tratarse de una prohibición comercial que extiende a terceros países, la administración de la isla y los organismos multilaterales califican la medida como un «bloqueo» y una sanción coercitiva unilateral.
Históricamente, desde 1992, la resolución titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba» ha recibido el respaldo de entre 165 y 189 países. Tradicionalmente, Estados Unidos e Israel han votado en contra de la iniciativa, con la única excepción de la abstención registrada en 2016 durante el proceso de acercamiento diplomático impulsado por la administración de Barack Obama.
El informe oficial que la delegación cubana defenderá esta semana en Nueva York detalla un impacto económico de 8,056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, estableciendo una cifra récord. Con este balance, las pérdidas acumuladas a lo largo de más de seis décadas superan los 178,700 millones de dólares, de acuerdo con los registros presentados ante el foro internacional.
