La Fiscalía General del Estado de Chiapas amplió la investigación contra funcionarios y policías de Suchiapa, luego de la fuga de un detenido durante un operativo contra el narcomenudeo, y ahora sostiene que la liberación de personas detenidas podría haber ocurrido de manera recurrente.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que policías municipales están aportando datos de prueba sobre presuntas órdenes de sus mandos para liberar a personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas. Según su versión, también existen señalamientos sobre entrega de dinero a mandos policiales y llamadas de funcionarios municipales para solicitar la liberación de detenidos.
La Fiscalía sostiene además que, en algunos casos, los policías habrían sido informados de que acudiría personal de la institución para recoger a los detenidos, cuando en realidad —de acuerdo con los testimonios que investiga— se trataría de integrantes de un grupo criminal.
Estas declaraciones ocurren después de que el 25 de septiembre un operativo contra el narcomenudeo dejó cuatro personas detenidas y se aseguraron narcóticos. Uno de los detenidos posteriormente escapó de la cárcel municipal. Por este hecho fue detenido Jesús “N”, entonces director de la Policía Municipal. La Fiscalía informó inicialmente que investigaba si otros servidores públicos estuvieron involucrados.
El caso derivó posteriormente en la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero, el expresidente municipal Alexis Nucamendi y otros 19 funcionarios, policías y personal relacionado con el ámbito judicial. El Gabinete de Seguridad federal informó que las investigaciones están relacionadas con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.
Llaven Abarca aseguró que la investigación continuará para determinar si existen más responsables. También informó que el gobierno estatal tomó el control de la seguridad municipal mediante un esquema de mando único.
Hasta ahora, las acusaciones sobre una red sistemática para liberar detenidos corresponden a la hipótesis y datos de investigación que la Fiscalía dice estar recopilando; su responsabilidad deberá determinarse ante la autoridad judicial.
