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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificara 173 millones 59 mil pesos pendientes de aclaración en la revisión de la Cuenta Pública 2024. Las observaciones se suman a las exigencias de transparencia planteadas por estudiantes durante las recientes protestas en sus cinco unidades académicas.

En la auditoría 436, la ASF examinó el ejercicio financiero de la institución y detectó que no reintegró a la Tesorería de la Federación recursos correspondientes a rendimientos financieros generados durante 2024. También señaló que la universidad registró 180.6 millones de pesos en adquisiciones de bienes muebles dentro del rubro de servicios generales, sin acreditar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

El informe, concluido el 30 de enero de 2026, estableció 33 resultados: en 29 no encontró irregularidades, dos fueron solventados antes de la emisión del documento y los dos restantes generaron recomendaciones y un pliego de observaciones.

La UAM respondió el 18 de febrero que considera los rendimientos financieros ingresos propios de la institución y que defenderá su interpretación conforme a su autonomía y normatividad interna.

El tema volvió a discutirse el 19 de noviembre, durante una sesión del Colegio Académico. El abogado general, Juan Rodrigo Serrano Vásquez, reconoció que, si las vías legales no favorecen a la universidad, deberá reintegrar los recursos. Ese mismo día, la secretaria general, Esthela Irene Sotelo Núñez, informó que la revisión de la Cuenta Pública 2025 está en curso y sus resultados se esperan para febrero de 2027.

La controversia ocurre en medio del paro estudiantil iniciado el 20 de octubre en Iztapalapa y extendido a las otras cuatro unidades. Entre los reclamos destaca la compra de seis vehículos Tesla para funcionarios, valuados en casi cinco millones de pesos.

El rector Gustavo Pacheco López anunció su venta el 2 de noviembre y prometió destinar los recursos a becas. La comunidad estudiantil también exige mejoras en infraestructura, servicios y transparencia presupuestaria.