La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una resolución extraordinaria en su sede de Washington, exigiendo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación incondicional de los presos políticos, la restitución de la nacionalidad a los apátridas y la celebración de elecciones libres y transparentes. La acción multilateral responde al reciente anuncio de Ortega sobre la abolición definitiva de los comicios y la implementación de reformas constitucionales para vetar a la oposición.
El texto aprobado crea un grupo ministerial de seguimiento impulsado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, el cual deberá entablar diálogo con actores clave y presentar un plan de recomendaciones en 90 días. Durante la sesión, la delegación estadounidense denunció el veto nicaragüense a su nueva embajadora Natasha Franceschi, mientras que el Gobierno de República Dominicana anunció el cierre inmediato de su embajada en Managua ante el grave deterioro del orden constitucional.
Pese al respaldo unánime de la resolución, el encuentro evidenció visiones heterogéneas entre las naciones de la región: Brasil rechazó calificar a la crisis nicaragüense como una amenaza a la seguridad regional, al tiempo que el Secretario General de la OEA, Albert Ramdin, sugirió aplicar sanciones financieras y restricciones de viaje focalizadas contra altos funcionarios del régimen para presionar por el retorno a la democracia.
