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El Tribunal Supremo de Brasil anunció este jueves 19 de noviembre de 2026 que analizará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de la ley que permite reducir las penas de los condenados por la intentona golpista tramada entre 2022 y 2023, una normativa que beneficiaría directamente al expresidente Jair Bolsonaro.

La legislación entró en vigor en mayo pasado, pero quedó suspendida de inmediato por una medida cautelar del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el que el exmandatario fue sentenciado en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de cárcel. La sesión virtual de diciembre resolverá dos recursos promovidos por partidos de izquierda que impugnan la validez constitucional de la norma.

El texto legal prohíbe acumular condenas por delitos de naturaleza similar, como abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado, además de acelerar el acceso al régimen semiabierto. De acuerdo con estimaciones jurídicas citadas por medios brasileños, su aplicación permitiría a Bolsonaro abandonar el régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

El exgobernante cumple su sentencia bajo prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde marzo pasado por motivos de salud, tras haber sido hallado culpable de encabezar un plan para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo la reelección en octubre reciente frente a Flávio Bolsonaro.