El Gobierno de Corea del Sur anunció su plan para aprobar por primera vez la comercialización de píldoras abortivas a partir del primer trimestre de 2027. La medida permitirá el uso de medicamentos como la mifepristona y el misoprostol para interrumpir embarazos de hasta nueve semanas. Durante sus primeros dos años de implementación, los fármacos requerirán prescripción e intermediación médica directa.
Esta decisión busca resolver el vacío legal originado tras el fallo del Tribunal Constitucional en 2019, que despenalizó el aborto sin que el Parlamento estableciera una regulación clara. Dicha falta de marco normativo provocó la proliferación de canales informales para la adquisición de estos fármacos. La ministra de Igualdad de Género y Familia, Won Min-kyong, afirmó que la iniciativa garantizará la seguridad sanitaria del procedimiento e integrará la interrupción del embarazo al sistema público de salud.
El anuncio generó reacciones diversas. Organizaciones civiles de mujeres consideraron la medida como un paso positivo pero exigieron cobertura en el seguro médico público. Por su parte, sectores conservadores como la Conferencia Episcopal Católica mostraron su rechazo, mientras que la Asociación Coreana de Obstetras y Ginecólogos solicitó reformas legislativas complementarias para proteger legalmente a los médicos y prevenir riesgos o complicaciones médicas.
