El próximo 9 de septiembre concluye el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños amparados en Estados Unidos. La finalización de la medida decretada por la Casa Blanca cancela las autorizaciones de empleo y la residencia legal de la comunidad beneficiada, dejándola en riesgo inminente de deportación hacia un país con el que muchos ya no conservan vínculos afectivos ni laborales cotidianos.
El amparo humanitario, otorgado tras los desastres naturales que azotaron a la nación centroamericana en 2001, permitió a miles de familias establecerse, comprar viviendas, desarrollar carreras profesionales y criar hijos con ciudadanía estadounidense. Testimonios recogidos por la agencia EFE, como el de activistas de la Alianza TPS y trabajadores con más de dos décadas en territorio estadounidense, reflejan la parálisis económica y social derivada de la pérdida intempestiva de sus permisos de trabajo.
La postura del Ejecutivo estadounidense se alinea con la cancelación previa del TPS para ciudadanos de otros países como Haití, Venezuela y Afganistán. Pese a que la Alianza TPS y diversas organizaciones proinmigrantes continúan impulsando iniciativas legislativas que permitan una vía hacia la residencia permanente, los afectados enfrentan la incertidumbre patrimonial y laboral ante un panorama político desfavorable en múltiples estados del país.
