El gobierno de Estados Unidos impulsa una normativa para oficializar una tarifa permanente superior a los 100 mil dólares en las solicitudes de visados H-1B, un mecanismo migratorio esencial para la contratación de talento extranjero altamente especializado en los sectores tecnológico, académico y científico.
La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump y formalizada este lunes a través de una propuesta publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca blindar de forma definitiva un arancel extraordinario que inicialmente se implementó de manera temporal el año pasado y cuya vigencia expira en septiembre.
La medida tarifaria, fijada específicamente en 103 mil 265 dólares por trámite, contrasta fuertemente con los costos tradicionales del programa, los cuales oscilaban históricamente entre los 2 mil y los 5 mil dólares. No obstante, el futuro de esta política se encuentra en disputa en los tribunales: en junio pasado, un juez federal declaró ilegal el cobro y frenó su recaudación temporal, un fallo que actualmente analiza una corte de apelaciones en Boston de manera paralela a otros litigios promovidos por sectores empresariales.
El programa federal H-1B otorga de forma anual un cupo limitado de 65 mil visados generales, acompañados de una reserva de 20 mil plazas exclusivas para postgrados, con vigencias que van de los tres a los seis años. De acuerdo con las precisiones de la nueva propuesta regulatoria, la millonaria tarifa no recaerá sobre las renovaciones vigentes ni sobre los ciudadanos extranjeros que ya residen en el país bajo la condición de estudiantes, sector que concentra una proporción significativa de los nuevos beneficiarios.
Mientras los defensores de la medida argumentan que frena el reemplazo de mano de obra local por perfiles internacionales de menores costos, las cámaras empresariales advierten que el incremento asfixia la competitividad y obstaculiza la atracción de especialistas indispensables para la economía estadounidense. Según los registros judiciales integrados en el proceso, hacia finales de febrero cerca de 70 empleadores habían cubierto la cuota máxima por un total de 85 solicitudes.
