México enfrenta una decisión estratégica en materia energética. Durante los próximos años tendremos que avanzar con mayor rapidez hacia las energías renovables, mejorar sustancialmente la eficiencia energética y, al mismo tiempo, garantizar un suministro suficiente y seguro de gas natural para la generación eléctrica, la industria y los hogares. Estos objetivos no son contradictorios. Por el contrario, deben formar parte de una misma política de transición energética, soberanía nacional y desarrollo sustentable.
En este contexto debemos analizar, con responsabilidad y sin prejuicios, el posible aprovechamiento de nuestros yacimientos de gas natural no convencional mediante técnicas de fracturación hidráulica. No se trata de promover el fracking de manera indiscriminada ni de minimizar sus riesgos ambientales. Se trata de determinar, a partir de la evidencia científica, dónde podría realizarse, bajo qué condiciones y con qué salvaguardas para garantizar que el desarrollo energético nunca se produzca a costa del agua, del medio ambiente o de las comunidades.
Éste es precisamente uno de los principales méritos del trabajo realizado por el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, conformado a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sus primeras conclusiones permiten abandonar una discusión construida exclusivamente sobre posiciones previamente definidas y avanzar hacia una evaluación técnica, ambiental y social rigurosa.
La situación energética del país explica la importancia de esta discusión. México consumió en 2025 alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural y actualmente importa aproximadamente 75 por ciento del que utiliza. Además, de acuerdo con el Comité Científico, alrededor de 93 por ciento del gas natural que importamos de Estados Unidos proviene precisamente de yacimientos no convencionales.
Paradójicamente, México ha limitado el desarrollo de sus propios recursos no convencionales pero consume todos los días gas producido mediante esas mismas técnicas en otro país. Esto no significa que debamos simplemente reproducir modelos extranjeros, sino que requerimos preguntarnos si contamos con alternativas científicamente viables para reducir nuestra dependencia energética, estableciendo estándares ambientales incluso más estrictos que los utilizados internacionalmente.
La soberanía energética tampoco puede identificarse exclusivamente con una mayor producción de hidrocarburos. El propio Comité señala que la primera prioridad debe ser acelerar la incorporación de fuentes renovables, acompañada de programas nacionales de eficiencia energética, mayor producción de gas convencional y eliminación de la quema de gas asociado a la producción petrolera. Sin embargo, aun aplicando estas medidas, México mantendría una dependencia significativa de las importaciones de gas natural; por ello resulta razonable estudiar seriamente nuestros recursos no convencionales.
El punto de partida debe ser la ciencia. Antes de autorizar cualquier proyecto productivo necesitamos conocer con precisión el potencial real de los yacimientos, las características geológicas del subsuelo, la disponibilidad de agua y las condiciones ambientales y sociales de cada región. Como se ha señalado también desde la Cámara de Diputados, el debate no debe resolverse mediante posiciones preconcebidas, sino mediante información técnica suficiente, estudios multidisciplinarios y pozos exploratorios que permitan determinar las condiciones reales de cada zona.
Además, la conservación del agua debe ser un eje central de la estrategia. Las operaciones no deben utilizar agua superficial o subterránea comprometida para otros usos; sino que se requiere emplear agua salada proveniente de formaciones profundas o agua residual; además de reutilizarla y reciclar al menos setenta y cinco por ciento.
Pero la protección ambiental no puede reducirse al agua. También debemos establecer controles rigurosos sobre emisiones, residuos, integridad de los pozos, afectaciones superficiales, protección de ecosistemas y posibles fenómenos sísmicos asociados con las actividades.
Asimismo, es indispensable colocar a las comunidades en el centro de las decisiones. El desarrollo energético tiene sentido cuando contribuye al bienestar de la población. Por ello, antes de cualquier actividad productiva deben realizarse consultas previas, libres e informadas en las zonas de influencia. También deben protegerse las actividades económicas existentes, reducirse las afectaciones territoriales y promoverse cadenas de proveeduría local que generen empleos y desarrollo regional.
De tal forma, México debe avanzar hacia un modelo nacional de aprovechamiento responsable de gas no convencional, sustentado en evidencia científica previa; máxima protección al agua y medioambiente; certeza jurídica y transparencia; y participación efectiva de las comunidades.
México tiene un potencial estimado considerable de gas natural no convencional, aunque es indispensable confirmar cuánto de ese recurso puede realmente aprovecharse. Renunciar a estudiarlo sería cerrar anticipadamente una posibilidad estratégica, pero explotarlo sin controles sería una gran irresponsabilidad.
El desarrollo y la protección ambiental no tienen por qué ser adversarios. Con ciencia, regulación, transparencia y participación social, podemos tomar mejores decisiones. El agua debe ser intocable; las comunidades deben ser escuchadas; los beneficios deben permanecer también en las regiones productoras y cualquier actividad debe estar sometida a los más altos estándares ambientales.
La soberanía energética del siglo XXI no consiste simplemente en extraer más recursos, sino en tener la capacidad científica, tecnológica y democrática para decidir responsablemente cómo aprovecharlos.
