México acaba de cruzar la barrera de los 130 millones de habitantes. Pero hay otro dato, quizá más importante, que debería llamar nuestra atención. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI estima que la fecundidad en México cayó a 1.6 hijos por mujer, frente a 2.07 en 2018. La cifra ya está por debajo de la llamada tasa de reemplazo poblacional, que ronda los 2.1 hijos por mujer y que, en términos generales, permite que una población mantenga su tamaño a largo plazo.
En pocas palabras, la estructura demográfica de México está cambiando rápidamente. En las próximas décadas habrá proporcionalmente menos jóvenes y muchos más adultos mayores. Y eso plantea una pregunta que debería ocupar un lugar central en la discusión pública: ¿cómo financiar una sociedad que envejece sin sacrificar las oportunidades de quienes vienen detrás?
La dimensión del cambio es considerable. La OCDE proyecta que, por cada cien personas en edad de trabajar, México pasará de tener 14 adultos mayores en 2023 a 36 en 2060. Eso no significa que mañana empezarán a faltar trabajadores. México todavía tiene margen para aumentar la participación laboral, especialmente entre las mujeres. Pero sí significa que debemos abandonar la idea de que una población joven y abundante garantizará por sí sola crecimiento económico, recaudación suficiente y sostenibilidad de las pensiones.
Un estudio de Geoff Mulgan publicado este año por BID Lab resume bien el problema latinoamericano: nuestros países están envejeciendo antes de haber alcanzado niveles altos de desarrollo y, además, lo están haciendo con mercados laborales altamente informales. La presión sobre las finanzas públicas llegará por varios frentes. Habrá que pagar pensiones durante más años, adaptar los sistemas de salud y ampliar los servicios de cuidados de largo plazo. También aumentará la atención asociada con enfermedades crónico-degenerativas, que tienden a concentrarse en edades más avanzadas.
No todo este gasto depende exclusivamente de la demografía. También influyen las prestaciones que promete el Estado y la manera en que se organizan los sistemas de salud y seguridad social. Pero el envejecimiento hará cada vez más difícil seguir aplazando esas decisiones.
De hecho, la presión presupuestal ya es visible. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el proyecto de presupuesto para 2027 contempla alrededor de 2.5 billones de pesos para pensiones, equivalentes a 6.3% del PIB. Al mismo tiempo, aunque el gasto agregado en educación, ciencia y cultura aumentaría 7.2%, la propuesta presupuestal plantea una reducción importante en Educación Inicial.
No se trata de enfrentar a pensionados contra estudiantes ni de plantear una falsa disyuntiva entre generaciones. La pregunta es otra: ¿la composición actual del presupuesto está preparando a México para sostener ambos derechos durante las próximas décadas?
Porque una sociedad con menos niños no debería invertir menos en ellos. Al contrario. México necesita invertir mucho más en las capacidades de cada nueva generación: nutrición, educación inicial, calidad del aprendizaje y formación técnica vinculada con empleos productivos. También necesitamos empresas, infraestructura y tecnología capaces de aprovechar ese capital humano.
La OCDE ha insistido en que México requiere fortalecer tanto la inversión como las capacidades de su población para elevar la productividad. Una beca puede ayudar a un estudiante a permanecer en la escuela, pero no sustituye una educación de calidad. Los resultados de México en pruebas internacionales como PISA muestran que todavía tenemos un problema profundo de aprendizaje.
Y aquí está una de las claves del reto demográfico:invertir hoy en niños y jóvenes también es una forma de financiar la vejez del mañana.Si en treinta años habrá proporcionalmente menos jóvenes sosteniendo la economía, esos jóvenes tendrán que ser mucho más productivos que los trabajadores de hoy. Y para lograrlo tenemos que invertir desde ahora en su salud, educación, capacidades y acceso a empleos de mayor productividad.
La otra gran inversión está en los sistemas de cuidados. Cuando no existen servicios suficientes para cuidar a niños, adultos mayores o personas dependientes, ese trabajo termina realizándose dentro de los hogares y recae principalmente en las mujeres. El costo económico es alto: limita su incorporación al mercado laboral, reduce sus ingresos y disminuye también sus posibilidades de cotizar a la seguridad social.
La OCDE advierte que el envejecimiento puede intensificar este problema. Por eso, construir un sistema nacional de cuidados no debería verse únicamente como una política social. También es una política laboral, económica y de productividad.
Uruguay ofrece una experiencia interesante. Su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, incluye modelos como los centros infantiles SIEMPRE. Un estudio del BID explica que, bajo este esquema, el Estado financia y supervisa al personal, empresas y sindicatos aportan infraestructura y equipamiento, y organizaciones de la sociedad civil participan en la operación.
No es un modelo que México pueda simplemente copiar, pero sí muestra que es posible distribuir responsabilidades entre gobierno, empresas y sociedad. México lleva demasiado tiempo posponiendo la construcción de una verdadera política nacional de cuidados que combine servicios, personal profesional y financiamiento estable, y que no dependa únicamente de transferencias monetarias.
¿La solución entonces es promover que nazcan más niños? La respuesta es más complicada que eso. De hecho, la OCDE ha documentado que incluso países como Francia o las economías nórdicas, que cuentan con amplias políticas familiares, han registrado caídas importantes en su fecundidad. Guarderías, vivienda accesible, licencias parentales y mejores condiciones laborales pueden facilitar que las personas tengan los hijos que desean, pero no garantizan que un país regrese automáticamente a la tasa de reemplazo.
Además, incluso si mañana aumentara la natalidad, esos niños tardarían dos décadas en incorporarse al mercado laboral. En el corto plazo, incluso significarían mayores necesidades de gasto público.
Por eso tampoco basta con preparar mejor a quienes apenas ingresarán al mercado laboral. Será necesario actualizar las capacidades de quienes ya trabajan. Singapur, por ejemplo, desarrolló SkillsFuture Level-Up, un programa que ofrece apoyos para capacitación y reconversión profesional a personas de 40 años o más. La lógica es sencilla: si las personas vivirán y trabajarán durante más años, la educación no puede terminar al salir de la universidad.
Una sociedad que envejece necesita aprendizaje durante toda la vida laboral. Adaptarse no significa simplemente pedir a las personas que trabajen más años antes de jubilarse. Significa permitirles seguir siendo productivas durante más tiempo. Todo esto vuelve cada vez más necesaria una reforma integral de la seguridad social en México.
El debate debería ir mucho más allá de aumentar transferencias o modificar las Afores. Deberíamos discutir un piso básico de protección financiado con impuestos, derechos sociales que puedan conservarse cuando una persona cambia de empleo o de institución, la incorporación efectiva de trabajadores independientes y una mejor coordinación entre pensiones, salud y cuidados.
Y, como Santiago Levy ha señalado durante años, también debemos cuestionar un sistema en el que buena parte de la protección social depende de si una persona tiene o no un empleo formal. La seguridad social debería proteger a las personas, no depender exclusivamente de su estatus laboral.
También será necesario transparentar cómo se financiarán los compromisos que el Estado ya adquirió. La OCDE ha señalado que existen dudas sobre el financiamiento de largo plazo del complemento pensionario introducido en 2024 para la generación de transición, porque algunas de sus fuentes provienen de transferencias extraordinarias o recursos que no necesariamente se repetirán indefinidamente.
El objetivo de mejorar las pensiones puede ser perfectamente legítimo. El problema es confundir la creación de una prestación con su sostenibilidad financiera durante décadas. Una obligación permanente del Estado necesita una fuente permanente de ingresos.Y ahí aparece inevitablemente otro debate que México ha pospuesto durante años: la reforma fiscal.
La transición demográfica debería obligarnos a pensar la política fiscal con un horizonte mucho más largo. La OCDE ha señalado opciones para ampliar los ingresos públicos, entre ellas revisar ciertas exenciones regresivas y aprovechar mejor impuestos como el predial. Pero, más allá de qué impuestos modificar, México debería comenzar por publicar escenarios fiscales de largo plazo que muestren cuánto costarán las pensiones, la salud y los cuidados dentro de veinte o treinta años y cómo se financiarán.
La pregunta política de fondo será quién contribuye, qué derechos garantiza el Estado y qué inversiones deben protegerse. Lo que no podemos hacer es cargar toda la cuenta sobre los trabajadores formales ni reducir sistemáticamente la inversión en niños, jóvenes, infraestructura y productividad para financiar obligaciones presentes.
La caída de la fecundidad no condena a México al estancamiento. Pero sí nos obliga a dejar atrás la comodidad de una población joven y creciente y sustituirla por una estrategia basada en mayor productividad, más participación laboral y una protección social financieramente sostenible.
No debería existir una disyuntiva entre abuelos y nietos. El reto es construir instituciones y presupuestos capaces de proteger a los primeros sin hipotecar las oportunidades de los segundos.
El Estado mexicano logró responder, con éxitos y errores, a los grandes retos demográficos de la segunda mitad del siglo XX: una población creciente, urbanización acelerada, expansión educativa y creación de instituciones de seguridad social.
La pregunta ahora es distinta y quizá más difícil: ¿será capaz de responder a los retos demográficos de la primera mitad del siglo XXI?
