La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el avance de las investigaciones relacionadas con una amplia red de contrabando de hidrocarburos a través de vías férreas. El caso evolucionó desde el hallazgo inicial de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, hasta la identificación de una compleja estructura empresarial y logística con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en varias entidades del país.
A través del comunicado oficial, la institución detalló que la indagatoria involucra directamente a el ex gobernador de Baja California Ernesto «N», señalado por su presunta participación en el esquema corporativo responsable de las operaciones irregulares.
Modus operandi y estructura corporativa
La investigación comenzó tras el aseguramiento en Coahuila de ferrotanques abandonados que representaban un riesgo de seguridad industrial. Al dar seguimiento a la cadena logística, las autoridades localizaron más unidades en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cuales operaban bajo el mismo patrón: declarar ante las autoridades aduaneras únicamente el 10% del combustible que realmente transportaban.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR:
- Origen empresarial: Las operaciones se realizaban a través de una sociedad constituida en la Ciudad de México en agosto de 2018 por José «N».
- Inclusión de imputados: Ernesto «N» ingresó como accionista dos meses después de su creación y, para el año 2021, fue nombrado Secretario del Consejo de Administración.
- Gestión estratégica: Ambos imputados participaban en la toma de decisiones, gestiones aduaneras y la expansión de la firma hacia la operación de terminales ferroviarias y el sector energético.
Datos de prueba y quebranto patrimonial
La FGR ha integrado 96 datos de prueba, que incluyen dictámenes periciales en química, ingeniería y criminalística, comprobando la capacidad real del volumen transportado frente a lo declarado.
Aunque en julio de 2025 se imputó un perjuicio inicial superior a los 100 millones de pesos por 170 ferrotanques asegurados, el cruce de información con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló la existencia de más de cuatro mil operaciones irregulares en el primer semestre de ese año. Se estima que el daño patrimonial a la nación asciende a más de cuatro mil millones de pesos.
Situación jurídica y apego al debido proceso
La dependencia precisó que, al tratarse de delitos vinculados a delincuencia organizada, la legislación mexicana establece la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados enfrentarán el proceso privados de la libertad.
Asimismo, la FGR rechazó categóricamente que exista persecución política, subrayando que las imputaciones responden únicamente a conductas delictivas acreditadas. La institución reiteró que las actuaciones se conducen con estricto apego a derecho, garantizando la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos de los involucrados.
