Un juez federal emitió una orden judicial que frena temporalmente los esfuerzos para revocar los permisos de trabajo a miles de inmigrantes procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania, en el marco de una batalla legal en curso.
La resolución judicial evita que los beneficiarios de estos programas pierdan su autorización laboral y sus protecciones migratorias mientras avanza el litigio en los tribunales, garantizando la continuidad de su estancia legal provisional y su empleo en el país.
La medida representa un alivio temporal para comunidades de diversas nacionalidades que enfrentaban la posible pérdida de sus documentos de trabajo debido a las modificaciones en las políticas de visados y estatus humanitarios impulsadas por la administración estadounidense.
El proceso legal continuará en las próximas semanas, donde ambas partes presentarán sus argumentos definitivos sobre la legalidad de la cancelación de estos permisos y el impacto que tendría sobre los titulares de los beneficios.
