El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco centros de reclusión del país, una medida orientada a contener el avance de las redes delictivas que operan desde el interior de los penales y a frenar los riesgos derivados de la sobrepoblación penitenciaria. La disposición rige para los penales de Ancón I, Miguel Castro Castro y Lurigancho en Lima, además de los reclusorios de El Milagro en Trujillo y Challapalca en la región de Tacna.
A través del decreto publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ejecutivo peruano facultó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas para intervenir en el control interno y periférico de los recintos afectados. Las autoridades argumentaron que el nivel de hacinamiento crítico ha facilitado el control territorial de bandas criminales dentro de las instalaciones, desde donde se coordinan delitos de extorsión, sicariato y tráfico ilícito de drogas hacia el exterior.
Durante los dos meses que durará la medida, la administración penitenciaria realizará requisas extraordinarias de armamento y equipos de telecomunicaciones no autorizados, al tiempo que se suspenden temporalmente ciertos derechos constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones dentro de los establecimientos designados. Con esta intervención de carácter de urgencia, las autoridades buscan reestructurar la seguridad del sistema penitenciario y desarticular las redes operativas del crimen organizado.
