En un comunicado difundido por el diplomático Félix Plasencia González, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que notificó formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), en apego al Artículo 127 de dicho instrumento.
La medida, instruida por la administración nacional, responde según el texto a un «sesgo geográfico demostrado» dentro de la actuación de la CPI, la cual —señalan— ha concentrado sus esfuerzos de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina.
El pronunciamiento oficial argumenta que los mecanismos del tribunal internacional han sido instrumentalizados mediante dinámicas de lawfare o persecución jurídica con fines geopolíticos:
Félix Plasencia González:
“Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger. Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
Con la activación del procedimiento normado en el Artículo 127 del Estatuto de Roma, Venezuela ratifica su postura de desconocer la jurisdicción de la CPI en defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación.
