Una jueza federal dictaminó que un decreto de la administración Trump destinado a recortar casi a la mitad la plantilla de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) es ilegal.
En un fallo que representa una victoria crucial para los trabajadores sindicalizados, la jueza de distrito Susan Illston concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma arbitraria al revocar la autoridad de la agencia para renovar los contratos de sus equipos de respuesta a desastres.
El conflicto legal gira en torno a los equipos del Cadre de Respuesta y Recuperación de Guardia (CORE), quienes representan cerca del 40% de la fuerza laboral de FEMA y fungen como los primeros respondientes ante huracanes y emergencias nacionales.
Tradicionalmente con contratos renovables de dos a cuatro años, estos trabajadores enfrentaron restricciones de 180 días y la no renovación de plazas a inicios de año como parte de una iniciativa federal para disminuir el tamaño del Gobierno y trasladar responsabilidades a los estados. Asimismo, la magistrado reprendió a los funcionarios por eliminar mensajes de Signal con posibles pruebas para el litigio.
