El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a una corte federal de Estados Unidos reconocer la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un nuevo paso que profundiza el giro de la política de Washington hacia Caracas y podría impactar diversos litigios civiles en territorio estadounidense.
La petición fue presentada por el Departamento de Justicia ante un tribunal federal, donde argumentó que Rodríguez, al ser reconocida oficialmente por Estados Unidos como la autoridad que representa al Estado venezolano, goza de inmunidad frente a demandas civiles conforme al derecho estadounidense y a la práctica diplomática sobre jefes de Estado extranjeros. La decisión final, sin embargo, corresponderá al juez encargado del caso.
El movimiento representa un nuevo cambio en la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. En marzo pasado, Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como la autoridad legítima para representar al país sudamericano, modificando la posición que había sostenido durante años respecto al gobierno venezolano. Posteriormente, la Casa Blanca también levantó las sanciones que pesaban sobre la mandataria y comenzó un proceso de acercamiento diplomático con Caracas.
La solicitud de inmunidad llega semanas después de que trascendiera que la administración estadounidense instruyó a fiscales federales a suspender temporalmente investigaciones penales contra Rodríguez, como parte de la estrategia para fortalecer la cooperación bilateral y promover la estabilidad política en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.
La decisión ha generado críticas entre sectores políticos y judiciales en Estados Unidos, ya que Delcy Rodríguez fue durante años una de las principales figuras sancionadas por Washington y objeto de investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y narcotráfico. No obstante, la administración Trump sostiene que el reconocimiento diplomático del nuevo gobierno venezolano obliga a aplicar las normas internacionales de inmunidad soberana.
Si la corte acepta la recomendación del Departamento de Justicia, Rodríguez quedaría protegida frente a determinadas acciones civiles en tribunales estadounidenses mientras conserve el reconocimiento oficial como jefa de Estado, aunque ello no implica automáticamente el cierre de todos los procesos legales relacionados con Venezuela.
