La administración del presidente Donald Trump activó por primera vez el Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros (Alien Terrorist Removal Court, ATRC), un mecanismo judicial creado hace tres décadas que nunca había sido utilizado y que permite tramitar, bajo estrictas medidas de confidencialidad, solicitudes para deportar a personas señaladas por presuntos vínculos con el terrorismo.
El Departamento de Justicia presentó el pasado 15 de julio la primera petición en la historia de este tribunal, establecido por la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act). La identidad del acusado y los argumentos del Gobierno permanecen bajo reserva debido a que el procedimiento contempla el uso de información clasificada por motivos de seguridad nacional.
La jueza Joan Ericksen, quien preside el panel de cinco magistrados que integran la corte especial, solicitó al Departamento de Justicia ampliar la información presentada al considerar que existían dudas sobre la relación entre las acciones atribuidas al acusado y las disposiciones legales invocadas para justificar su expulsión.
La reactivación del tribunal ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato. En meses recientes, la Casa Blanca ha incrementado las deportaciones de extranjeros acusados de representar amenazas para la seguridad nacional y ha recurrido a otras herramientas legales, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, cuya aplicación ha sido objeto de impugnaciones judiciales.
Especialistas en derecho migratorio señalan que el ATRC fue diseñado para casos excepcionales en los que un proceso ordinario podría revelar información sensible de inteligencia. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles han expresado preocupación por el nivel de confidencialidad del mecanismo, al advertir que limita la transparencia y dificulta el escrutinio público sobre las decisiones del Gobierno.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado cuántos casos podrían presentarse ante este tribunal ni la nacionalidad de la persona involucrada en la primera solicitud. El proceso continúa bajo reserva mientras el Departamento de Justicia entrega información adicional requerida por la corte.
