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El Tribunal Supremo del Reino Unido autorizó a Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, a impugnar la clasificación del grupo como organización terrorista, en una decisión que sentará un precedente clave sobre el derecho a la protesta.

La disputa legal comenzó en junio de 2025, cuando el Ministerio del Interior proscribió a la organización bajo la Ley de Terrorismo. La medida ilegalizó la pertenencia al colectivo y cualquier apoyo a sus acciones dirigidas contra empresas de armamento vinculadas a Israel, como Elbit Systems.

Aunque el Tribunal Superior declaró ilegal la proscripción en febrero de 2026, la Corte de Apelación restituyó el veto el pasado junio. Ante esta decisión, la revisión de la máxima instancia judicial analizará si el gobierno vulneró de forma desproporcionada las libertades de expresión y reunión de los activistas.