La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó este miércoles la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para monitorear la cobertura de las elecciones federales de 2026-2027 y dejó sin efecto una de las 14 variables previstas para analizar contenidos en radio y televisión.
La decisión fue tomada por unanimidad, a partir de una impugnación presentada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) contra la denominada variable 14, diseñada para identificar mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas y candidatas.
El criterio del INE contemplaba registrar expresiones o comentarios que, aun sin constituir una agresión explícita, pudieran transmitir mensajes de menosprecio, cuestionamiento o descalificación hacia quienes participan en la contienda electoral.
El TEPJF consideró que esa variable utilizaba parámetros subjetivos que podían dejar a criterio de la persona encargada del monitoreo determinar si una expresión periodística tenía una intención implícita de descalificar a una candidatura.
La magistrada Claudia Valle Aguilasocho, autora del proyecto, sostuvo que la metodología no establecía elementos objetivos para diferenciar entre una descalificación y un análisis crítico o una opinión periodística. Por ello, advirtió que podía generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
El Tribunal aclaró que no cuestionó la existencia del monitoreo de medios, sino específicamente la variable impugnada y su método de evaluación. El resto de la metodología aprobada por el INE permanece vigente en los términos que no fueron modificados por la sentencia.
El INE había aprobado en julio un esquema de monitoreo para las precampañas y campañas del proceso electoral federal 2026-2027, con 14 variables para analizar la cobertura de noticieros y otros programas informativos.
Con esta resolución, el TEPJF ordenó modificar el acuerdo y eliminó la variable que permitía registrar posibles descalificaciones indirectas, al considerar que su aplicación podía afectar tanto la libertad periodística como el derecho de la ciudadanía a recibir información plural durante el proceso electoral.
