La violencia en el futbol mexicano rebasó a los clubes y a la propia Liga MX. Ante casi 100 casos de agresión registrados entre 2023 y 2025 —y con el antecedente crítico de la batalla campal en el Estadio Corregidora de Querétaro que desplomó 22% la asistencia en 2022—, el Senado aprobó una reforma clave para frenar esta problemática.
El proyecto, ya turnado a la Cámara de Diputados, establece la integración formal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Junta Directiva del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). El objetivo es claro: obligar a una coordinación interinstitucional real que permita diseñar políticas preventivas, blindar la protección civil y garantizar protocolos estrictos en los recintos deportivos.
El fracaso de las medidas internas
Las estrategias de la Liga MX para contener a las barras visitantes han fallado de forma reiterada ante la falta de cumplimiento en los estadios. A este panorama se sumó un duro golpe institucional: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prohibió el uso del sistema Fan ID por el mal manejo de datos biométricos y fotográficos, sancionando a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 42.8 millones de pesos.
Con el sistema de identificación digital fuera de operación y las fallas en la vigilancia de las porras, el Congreso decidió elevar el nivel de respuesta y exigir la intervención directa del Estado en la seguridad de los espectáculos deportivos.
