Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan una demanda federal presentada por inversionistas que acusan de fraude a las responsables de Wondermind, una empresa de salud mental que la cantante cofundó en 2021 junto con la empresaria Daniella Pierson.
El proceso fue presentado este jueves en un tribunal federal de Delaware por dos entidades de inversión que aseguran haber destinado cerca de 1.2 millones de dólares a Wondermind en 2022. Según la demanda, los inversionistas tomaron la decisión a partir de información que, sostienen, presentaba a la compañía con la infraestructura, liderazgo y proyectos necesarios para convertirse en una plataforma rentable.
Entre los señalamientos está el supuesto incumplimiento del papel que Gomez habría asumido como responsable de marketing. Los demandantes sostienen que su participación activa y su alcance en redes sociales fueron factores utilizados para atraer capital, pero que varias de las iniciativas anunciadas nunca se concretaron.
La demanda también afirma que Wondermind no desarrolló una aplicación móvil que formaba parte de sus planes y que la empresa llegó a enfrentar dificultades para cumplir con obligaciones básicas, como el pago oportuno a empleados y proveedores. Los inversionistas sostienen que desconocieron la magnitud de los problemas internos hasta septiembre de 2025, cuando una investigación publicada por The Cut expuso el deterioro de la compañía.
El caso también alcanza a Pierson, quien dejó la compañía en 2023. Los inversionistas cuestionan además presuntas representaciones sobre alianzas empresariales que, según la demanda, nunca llegaron a materializarse.
Los señalamientos forman parte de una demanda y no constituyen hechos judicialmente probados. Hasta ahora, un representante de Gomez no había respondido a la solicitud de comentarios de Reuters. Teefey, por su parte, ha rechazado acusaciones formuladas previamente sobre su gestión y ha cuestionado la versión difundida sobre Wondermind.
Los inversionistas buscan recuperar el capital aportado, además de daños y gastos legales. El proceso abre ahora una nueva etapa para determinar si las declaraciones hechas durante la captación de recursos pueden derivar en responsabilidades legales.
