El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el mecanismo de verificación de integridad para personas aspirantes a cargos de elección popular. El máximo tribunal determinó que esta evaluación voluntaria sobre posibles vínculos con actividades delictivas es acorde con el derecho a ser votado, toda vez que no representa un requisito adicional de elegibilidad, no obstaculiza el registro de candidaturas ni constituye una sanción penal.
La Corte argumentó que el procedimiento posee una naturaleza preventiva e informativa destinada a fortalecer la integridad de los perfiles y a proporcionar elementos objetivos para la toma de decisiones tanto de los partidos políticos como de los contendientes. Su implementación requiere la anuencia partidista y el consentimiento expreso del aspirante, salvaguardando los principios de legalidad y participación.
Asimismo, el mecanismo incorpora obligaciones de confidencialidad y restricciones estrictas sobre el manejo y la comunicación de la información. Con estas disposiciones, el tribunal constitucional concluyó que el esquema respeta plenamente el principio de presunción de inocencia y el derecho ciudadano a la protección de datos personales.
La resolución judicial establece un criterio relevante para los procesos electorales al equilibrar la transparencia en el servicio público con las garantías jurídicas fundamentales de quienes participan en los comicios a nivel federal y local.
