La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el litigio fiscal que enfrenta la empresa de telecomunicaciones Maxcom con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un crédito que asciende a mil 46 millones de pesos, de acuerdo con información publicada este 12 de noviembre por La Jornada.
La decisión significa que el máximo tribunal no asumirá directamente el análisis del caso. Sin embargo, no representa por sí misma una resolución sobre la legalidad del crédito fiscal ni determina que la compañía haya quedado exenta de pagarlo.
El origen de la controversia se remonta al ejercicio fiscal de 2015. En febrero de 2020, Maxcom informó que el SAT le reclamaba inicialmente alrededor de 631 millones de pesos por conceptos relacionados con el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, además de actualizaciones, recargos y multas.
La autoridad fiscal cuestionó la deducibilidad de operaciones realizadas con dos proveedores de servicios de terminación de llamadas internacionales. En particular, puso en duda que la empresa pudiera acreditar la materialidad y la indispensabilidad de esos servicios para sus actividades.
Maxcom, por su parte, sostuvo que las operaciones sí se realizaron y que contaba con documentación para demostrarlo. La compañía llevó la controversia a las instancias correspondientes para impugnar el cobro.
El monto reportado actualmente, de mil 46 millones de pesos, refleja la dimensión que alcanzó el adeudo durante el desarrollo del litigio, aunque la cifra y sus componentes deben distinguirse del crédito inicial informado por la empresa en 2020.
El rechazo de la SCJN a ejercer su facultad de atracción deja el asunto fuera de una revisión directa por parte del Pleno. Por ello, el siguiente paso procesal y el desenlace de la disputa dependerán de las instancias que continúen conociendo del expediente.
El caso vuelve a poner en el foco los litigios entre grandes contribuyentes y el SAT, en los que la discusión no sólo gira en torno al monto reclamado, sino también a la documentación que respalda las operaciones y a los criterios para determinar qué gastos pueden deducirse fiscalmente.
