La situación jurídica de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acumula distintos recursos de amparo que buscan frenar una eventual extradición a Estados Unidos, evitar actos de incomunicación y garantizar que permanezca hospitalizado mientras recibe atención médica.
El primer recurso, promovido por su defensa y reportado el 10 de noviembre, quedó radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de Jalisco. El juez concedió una suspensión provisional para impedir que sea entregado a autoridades estadounidenses fuera del procedimiento legal, mientras se resuelve el juicio. También ordenó suspender posibles actos de incomunicación.
La medida no significa que “R2” haya recuperado su libertad ni que la extradición esté cancelada definitivamente. El detenido permanece bajo custodia y a disposición del juzgado. De acuerdo con los reportes judiciales, el recurso también debía ser ratificado personalmente por Álvarez Ayala en el hospital donde se encuentra internado.
Un segundo procedimiento fue promovido por su concubina ante el Juzgado Cuarto de Distrito. En este caso, el juez pidió que se precise qué autoridad mantiene detenido a Álvarez Ayala y cuál es su situación jurídica actual. La demanda reclama presuntos actos de detención e incomunicación.
El 12 de noviembre se conoció de otro amparo, presentado por Alejandro Aquino Rodríguez, quien no forma parte de la defensa ni es familiar del detenido. El recurso busca impedir que sea trasladado a prisión antes de recibir el alta médica definitiva. El juzgado concedió una suspensión para garantizar que continúe hospitalizado y reciba tratamiento.
Álvarez Ayala fue detenido el 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo federal en el que resultó herido. Además de la orden de captura con fines de extradición, las autoridades mexicanas reportaron que enfrenta una orden de aprehensión por homicidio calificado en Michoacán.
Así, los recursos judiciales mantienen bajo revisión distintas condiciones de su detención, pero no resuelven por sí mismos las acusaciones ni eliminan las órdenes de captura.
