La ciudad de San Antonio, Texas, interpuso este martes una demanda federal contra el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de detener la conversión de una nave industrial en un centro de detención de inmigrantes con capacidad para albergar hasta 1,500 personas, al denunciar la omisión de estudios de impacto ambiental.
El recurso judicial fue presentado ante un tribunal federal texano contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusando a ambas dependencias de violar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
El abogado de la ciudad, Andy Segovia, subrayó en conferencia de prensa que la infraestructura fue concebida de origen como almacenamiento de mercancías y no para habitabilidad humana. Asimismo, enfatizó que cualquier agencia federal tiene la obligación legal de realizar diagnósticos ecológicos antes de iniciar obras de este alcance.
En la demanda, el gobierno municipal advierte que ingresar a más de mil personas requeriría multiplicar por quince la capacidad del sistema de alcantarillado asignado al inmueble. De no ejecutarse obras de adaptación, la ciudad alertó sobre riesgos de colapso de aguas residuales y brotes insalubres, agravados por la colindancia del predio con una zona de alto riesgo de inundación. Ante este escenario, la alcaldía solicitó la suspensión temporal y definitiva del proyecto.
