El combate a las empresas factureras debe constituir uno de los ejes centrales del Paquete Económico 2027, al representar una de las vías principales para cerrar el boquete de evasión fiscal y proteger las finanzas públicas, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
El vicecoordinador de la bancada morenista señaló que resulta indispensable tapar la evasión fiscal, evitar el traslado de recursos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades que captura instituciones y saquea los recursos nacionales.
Asimismo, explicó que su iniciativa busca actuar desde el origen de estas estructuras y no únicamente después de que el daño patrimonial ya se haya producido, cerrando espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y desviar recursos públicos.
El legislador destacó que las factureras operan como redes criminales complejas de simulación y dispersión de recursos, con la participación de prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, así como entidades no contribuyentes del Impuesto sobre la Renta.
El ciclo operativo comienza con la constitución de sociedades mediante prestanombres, la obtención del RFC, la e.firma, sellos digitales y la apertura de cuentas bancarias. Tras una etapa de facturación masiva, las empresas abandonan sus domicilios y quedan como no localizadas, mientras otra sociedad de la misma red continúa la operación.
El problema se agrava al utilizar estas estructuras para desviar recursos públicos. Los fondos pueden pasar de un gobierno o particular a una primera facturera y transferirse sucesivamente hasta llegar a los beneficiarios finales, ocultando su origen y simulando legitimidad.
“El daño es inmenso. Puede representar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública. Estamos frente a un vehículo financiero para lavar dinero y frente a una forma de enriquecimiento abusivo y grotesco a costa del erario”
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
La iniciativa propone fortalecer los controles sobre estados, municipios, sindicatos y organismos públicos para prevenir la simulación de operaciones y la dispersión de recursos. Además, establece que quienes operen con facturas falsas deberán pagar ISR sobre dichos montos e impone responsabilidades a funcionarios y dirigentes sindicales involucrados.
Para frenar el fenómeno desde la creación de las empresas, la propuesta contempla que al inscribir una persona moral en el RFC, los socios o accionistas acrediten su capacidad económica y la procedencia del capital, exigiendo que las aportaciones se realicen mediante medios electrónicos trazables.
Recordando que esta lucha inició en 2018 con avances significativos en fiscalización, el legislador insistió en la necesidad de profundizar la estrategia ante la constante evolución de estos esquemas ilegales.
“La mejor política contra las factureras es impedir que puedan instalarse, operar y desaparecer con recursos fiscales o públicos antes de que la autoridad pueda reaccionar. Necesitamos pasar de una fiscalización exclusivamente reactiva a una estrategia preventiva, con trazabilidad, controles y responsabilidades claras”, concluyó, enfatizando que proteger los ingresos públicos y garantizar contrataciones transparentes son condiciones indispensables para el bienestar de las familias mexicanas.
