La Legislatura de Puerto Rico aprobó una reforma para reorganizar el Poder Judicial, pese a las advertencias de funcionarios judiciales y legisladores que alertan sobre posibles riesgos para la independencia de los tribunales. El proyecto quedó listo para pasar a la gobernadora Jenniffer González, quien deberá decidir si lo firma o lo veta.
La medida, identificada como Proyecto del Senado 1096, recibió 32 votos a favor y 15 en contra en la Cámara de Representantes. Posteriormente, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas, por lo que concluyó el trámite legislativo. La propuesta sustituye la Ley de la Judicatura de 2003 y modifica la organización administrativa de los tribunales.
Entre los cambios destaca la eliminación progresiva de la categoría de jueces municipales, que pasarían a ocupar plazas de jueces superiores. También establece un esquema de administración compartida en el que el pleno del Tribunal Supremo tendría nuevas facultades sobre la reglamentación y las decisiones administrativas de la Rama Judicial.
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, y funcionarios de la Oficina de Administración de los Tribunales han cuestionado los cambios. Sus objeciones apuntan a una posible reducción de las facultades administrativas de la presidencia del Supremo y a complicaciones en la gestión judicial. Legisladores opositores también han advertido sobre posibles conflictos con la separación de poderes establecida en la Constitución.
Los promotores, encabezados por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defienden la iniciativa como una actualización de la estructura judicial y sostienen que la Legislatura tiene atribuciones para organizar los tribunales.
La controversia, por tanto, permanece abierta: la aprobación legislativa no resuelve por sí misma las objeciones constitucionales, cuyo alcance dependerá de los siguientes pasos institucionales y, eventualmente, de una revisión judicial.
