La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) negó que contemple aplicar la eutanasia a nueve mamíferos marinos que permanecen en cautiverio en un recinto de Quintana Roo y calificó como una “tergiversación” las versiones difundidas sobre el caso.
A través de su cuenta oficial en X, la dependencia afirmó que no promueve ni ha promovido esa medida dentro de sus procedimientos, luego de que surgieran publicaciones que señalaron que la autoridad ambiental evaluaba sacrificar a los animales.
“Profepa no promueve ni nunca ha promovido esta medida en ninguno de sus procedimientos”, señaló la institución, al rechazar que exista un plan para aplicar la eutanasia a los nueve ejemplares.
La aclaración ocurre en medio de la discusión sobre el futuro de los mamíferos marinos que permanecen bajo cuidado humano y las condiciones en las que deben mantenerse, especialmente después de las reformas legales impulsadas para poner fin de manera gradual a su reproducción y uso en espectáculos.
Profepa añadió que promovió los cambios legales para que los animales que actualmente viven en cautiverio sean la última generación bajo ese esquema. La modificación busca impedir la reproducción de mamíferos marinos con fines de exhibición y avanzar hacia un modelo que reduzca progresivamente esta práctica.
El debate tomó fuerza tras diversos cuestionamientos sobre el estado de los ejemplares y la falta de espacios especializados para recibir a animales que no pueden ser liberados en su entorno natural debido a su condición, edad o al tiempo que han permanecido bajo cuidado humano.
En este contexto, la dependencia sostuvo que las versiones sobre una supuesta eutanasia generalizada no corresponden a su postura ni a las acciones que desarrolla en el caso.
La normativa ambiental contempla la eutanasia únicamente como una medida excepcional en protocolos de atención a mamíferos marinos, cuando una valoración veterinaria determina que la rehabilitación no es viable y el animal enfrenta un sufrimiento irreversible. Sin embargo, Profepa subrayó que esa disposición no implica que exista una decisión o procedimiento para aplicarla a los nueve ejemplares de Quintana Roo.
El caso mantiene abierta la discusión sobre el destino de los mamíferos marinos en cautiverio, la disponibilidad de instalaciones adecuadas y las medidas necesarias para garantizar su bienestar durante la transición hacia el fin de esta actividad.
