La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha generado ahorros por 83.8 mil millones de pesos durante los dos primeros años de la actual administración, mediante acciones de prevención y mejora en la gestión pública.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en los procesos de compra, principalmente mediante el diálogo estratégico con proveedores.
Otros 42.2 mil millones se obtuvieron a través del seguimiento de contratos, con supervisión de incumplimientos y modificaciones injustificadas.
A estos recursos se suman 4.8 mil millones de pesos derivados del cobro de multas y adeudos, así como de penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos en exceso, además, se reportaron 7.8 mil millones de pesos de ahorro mediante una mayor eficiencia en la organización del gobierno y reestructuras administrativas.
La secretaria Buenrostro también informó que se han impartido 1.3 millones de capacitaciones en materia de ética e integridad, mientras que el 97.7% de los servidores públicos presentó en tiempo y forma su declaración patrimonial, lo que representa un máximo histórico.
Entre las acciones preventivas también se encuentran programas dirigidos a niñas, niños y jóvenes, así como trabajo de campo en nueve entidades del país.
En materia de sanciones, la dependencia reportó 4 mil 193 procedimientos contra servidores públicos, de los cuales 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
Asimismo, mil 737 servidores públicos fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras que contra particulares se ejecutaron 286 sanciones a proveedores, acumulando multas por 147.3 millones de pesos.
La SABG también informó que en dos años presentó 517 denuncias por posibles delitos relacionados con actos de corrupción, de las cuales 53 fueron vinculadas a proceso.
La dependencia mantiene además colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación para impulsar cambios legales orientados a mejorar la gestión pública y prevenir actos de corrupción.
