El Plan México es una de las principales apuestas de este gobierno para impulsar el desarrollo económico. Su propuesta de política industrial busca fortalecer el mercado interno, incrementar la proveeduría nacional y ampliar las capacidades productivas del país. El desafío es convertir esas metas en inversiones concretas. El presupuesto para 2027 debe evaluarse por su capacidad para hacer posible esa transformación y traducirla en mejores empleos y oportunidades para más empresas y regiones.
Sus metas son ambiciosas. Entre ellas destacan colocar a México entre las diez mayores economías del mundo y elevar la inversión como proporción del producto interno bruto por encima del 25% a partir de 2026 y del 28% en 2030. Alcanzarlas exige una estrategia sostenida que articule infraestructura, financiamiento y desarrollo tecnológico.
De cara al tercer año de gobierno, es oportuno evaluar los avances del Plan México y examinar si el país cuenta con las condiciones políticas y económicas necesarias para alcanzar sus objetivos. La discusión presupuestaria ofrece una oportunidad para contrastar las aspiraciones de transformación productiva con los recursos y los instrumentos previstos para concretarlas.
La trayectoria reciente de la inversión muestra la magnitud del desafío. Entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la inversión total pasó de 22.6% a 21.2% del PIB. La privada disminuyó de 19.6% a 17.9%, mientras que la pública aumentó de 3.0% a 3.3%.
El Plan México cuenta con instrumentos para responder a este desafío: los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, los estímulos fiscales para adquirir activos, capacitar trabajadores y promover la innovación, y la simplificación de trámites. Todos buscan facilitar la instalación y expansión de empresas. El reto ahora es lograr que estos apoyos se traduzcan en inversiones concretas, mayor producción y empleos de calidad.
Como parte del Plan México, 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, buscan impulsar la inversión regional. Sus vocaciones presentan coincidencias en logística y distribución, industria automotriz y electromovilidad, manufactura y agroindustria. También contemplan electrónica, semiconductores y dispositivos médicos. Estas actividades ofrecen oportunidades para fortalecer a los proveedores nacionales y elevar el contenido tecnológico de la producción.
Cada apuesta sectorial requiere condiciones específicas. La electrónica y los semiconductores demandan personal especializado, infraestructura tecnológica y suministro eléctrico confiable; la agroindustria necesita agua, almacenamiento y transporte; y los servicios logísticos requieren conexiones eficientes. El presupuesto debe responder a esas necesidades mediante inversiones en infraestructura, educación, ciencia y desarrollo de capacidades.
Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla una inversión física equivalente al 2.6% del PIB, es decir, 1,026.5 miles de millones de pesos. Las proyecciones de mediano plazo prevén que esta proporción se ubique en 1.8% entre 2028 y 2030. La inversión física presupuestaria y la inversión total de la economía son medidas distintas. Aun con esa precisión, la trayectoria prevista obliga a explicar cómo se financiarán las obras y capacidades que requieren los polos y mediante qué mecanismos se movilizará inversión privada adicional.
El presupuesto ofrece oportunidades para dar ese impulso. Por ejemplo, el tren Querétaro–Irapuato, que pasará por Celaya, tiene previstos alrededor de 20,054.7 millones de pesos de recursos fiscales para el proyecto completo. Su llegada puede favorecer al polo Puerta Logística del Bajío si las estaciones y el transporte local facilitan el traslado de quienes trabajarán ahí. El reto es conectar las grandes obras con la vida cotidiana y la actividad productiva de las regiones, atendiendo también las necesidades de transporte de mercancías de las empresas. En Cancún, la cercanía del polo al aeropuerto y a la estación del Tren Maya ofrece una ventaja que debe acompañarse de transporte cotidiano accesible para quienes trabajarán ahí. El presupuesto debe respaldar también las rutas, los accesos y los servicios que permitan a la población aprovechar las nuevas oportunidades de empleo.
Resolver estas necesidades es precisamente una de las formas en que la inversión pública puede detonar inversión privada. Cuando el transporte facilita el traslado de trabajadores y mercancías, y las empresas cuentan con energía y agua, mejoran las condiciones para instalarse, producir y crecer. La banca de desarrollo puede complementar este esfuerzo con financiamiento para que más empresas y proveedores nacionales participen en los proyectos. Esa es la tarea del presupuesto: hacer posibles estas condiciones y asegurar que las obras se concluyan, funcionen y se mantengan.
Este esfuerzo requiere condiciones que favorezcan decisiones de largo plazo. El Plan México y el T-MEC se complementan: el primero orienta el desarrollo industrial y el segundo establece las reglas del intercambio con nuestros principales socios comerciales. La incertidumbre sobre esas reglas dificulta las decisiones de inversión. Aprovechar la relocalización de empresas exige preservar condiciones previsibles de acceso al mercado norteamericano y fortalecer la capacidad de las empresas mexicanas para incorporarse a sus cadenas productivas.
En el ámbito interno, reglas claras, seguridad, trámites ágiles y acceso al financiamiento son condiciones indispensables. La coordinación entre el gobierno federal, los estados, los municipios y el sector privado debe facilitar la ejecución de los proyectos y abrir oportunidades efectivas para las pequeñas y medianas empresas.
Los estímulos fiscales también deben evaluarse por sus resultados. Su contribución debe reflejarse en inversiones adicionales, formación de trabajadores y mayor participación de proveedores nacionales. Los beneficios públicos que reciben las empresas deben traducirse en beneficios verificables para el país.
Sostener el Plan México exige ingresos públicos estables y progresivos para financiar infraestructura, educación, ciencia y cuidados. La prosperidad compartida también debe reflejarse en la forma de financiar el desarrollo. En la Cámara de Diputados, corresponde impulsar un presupuesto para 2027 que dé sustento a estas metas.
