El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a una nueva polémica por presunta corrupción a tan solo once días de terminar su mandato, trama en la que se ven involucradas las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones, las hermanas habrían incurrido en tráfico de influencias al ofrecer a empresarios la facilitación de contratos públicos en distintas entidades del Estado mediante el cobro de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos en el Gobierno nacional.
Una investigación publicada por la revista Semana reveló que el esquema contemplaba el pago de un millón de pesos (aproximadamente 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero. Posteriormente, se exigía un anticipo de 200 millones de pesos (alrededor de 65,520 dólares) para iniciar las gestiones, además de una comisión del 10% sobre el valor total de los contratos adjudicados.
El caso cobró mayor relevancia luego de que Angie Rodríguez, funcionaria cercana a Petro y actual directora del Fondo Adaptación, asegurara que advirtió personalmente al mandatario sobre el poder e influencia que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.
Ante estas declaraciones, Petro ordenó la destitución de Rodríguez, catalogándola de «gran manipuladora» y señalando que padece de problemas psiquiátricos, acusando a la prensa de replicar la versión para desacreditar su administración. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de las hermanas Guerrero en esta supuesta red ilícita.
