La Organización de Estados Americanos (OEA) formalizó la integración del Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, un mecanismo compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. La iniciativa busca articular medidas diplomáticas y jurídicas frente al desmantelamiento de las garantías democráticas en la nación centroamericana.
La conformación de este bloque responde a la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, aprobada durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores efectuada en Washington. La instancia exige al gobierno del presidente Daniel Ortega la restitución del proceso electoral y la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos.
El mandato de la comisión establece un plazo de 60 días para formular un paquete de recomendaciones que contemple acciones en el marco del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos, sin recurrir al uso de la fuerza. La representación en el grupo correrá a cargo de los cancilleres o delegados designados por cada uno de los gobiernos participantes.
La intervención del organismo panamericano se intensificó tras el anuncio de Ortega sobre la cancelación de futuros comicios en Nicaragua y la subsiguiente reforma constitucional orientada a inhabilitar a sectores de la oposición. Ante este escenario, la Secretaría General de la OEA ha planteado la necesidad de adoptar medidas financieras directas y restricciones de viaje contra altos funcionarios del régimen.
