La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó la ley ‘Policía local, crímenes locales’, la cual prohíbe en todo el estado la cooperación de las fuerzas policiales locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en casos migratorios civiles.
La medida busca evitar que los agentes locales sean utilizados por la administración del presidente Donald Trump para cumplir cuotas de deportación, limitando la asistencia a las autoridades federales exclusivamente a situaciones donde se haya cometido un delito real. Jefes policiales como Brendan Cox, de la capital Albany, respaldaron la legislación argumentando que exigir tareas de control migratorio civil a los cuerpos locales erosiona la confianza comunitaria y desincentiva que las víctimas o testigos denuncien crímenes. La normativa entra en vigor habiendo prevalecido en tribunales y siendo acatada por 60 de los 62 condados del estado, con la oposición latente de demarcaciones de tendencia republicana como el condado de Nassau.
