Miles de ciudadanos se congregaron en la emblemática plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, para aprobar en asamblea popular el restablecimiento de los campamentos de protesta por el derecho a una vivienda asequible. La decisión de la multitud representa un pulso directo al Gobierno de Portugal, horas después de un amplio operativo policial desplegado durante la madrugada que desmanteló las tiendas de campaña en Lisboa y Oporto, con un saldo de 55 personas detenidas y al menos dos heridos.
Los manifestantes expresaron duras críticas contra el primer ministro, Luís Montenegro, y el ministro del Interior, Luís Neves, denunciando el uso excesivo de la fuerza durante los desalojos. Pese a que el Ejecutivo portugués dio por «concluidas» las acampadas argumentando que las leyes vigentes prohíben las protestas nocturnas permanentes, los movimientos sociales ratificaron que volverán a instalar sus campamentos, extendiendo además las movilizaciones a otras urbes lusas como Coímbra y Faro.
El conflicto refleja la agudización de la crisis habitacional que golpea a Portugal y a diversos países del sur de Europa, donde la escalada de los precios del alquiler y la especulación inmobiliaria han tensionado las dinámicas sociales. La determinación de los activistas por mantener las protestas mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad ante posibles nuevos enfrentamientos institucionales.
