Con una votación unánime de 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para sancionar de 10 a 20 años de prisión el reclutamiento forzado de personas para su incorporación a filas del crimen organizado.
La reforma contempla incrementos en las penas de hasta 10 años adicionales —alcanzando un máximo de 30 años de cárcel y multas de 5 mil a 50 mil días— cuando las víctimas sean menores de edad, integrantes de pueblos indígenas o afromexicanos, o personas en situación de movilidad. La misma agravante se aplicará si los infractores son servidores públicos, miembros de corporaciones de seguridad pública o exintegrantes de las Fuerzas Armadas.
Durante la discusión en el pleno, legisladores advirtieron sobre la urgencia de visibilizar y combatir esta práctica delictiva, destacando que el enganche coercitivo se ejerce comúnmente contra la infancia mediante engaños, amenazas de muerte o el uso de medios impresos y plataformas electrónicas.
El texto normativo define como «forzado» todo reclutamiento consumado mediante violencia física o moral, intimidación, coacción o abuso de poder, garantizando un marco jurídico que catalogue a los afectados como víctimas de violencia y no como generadores de ella.
