La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ordenó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones de tres de los cinco centros penitenciarios declarados en emergencia en el país, como primera fase de una reforma integral al sistema penitenciario para frenar el auge de la criminalidad.
El Poder Ejecutivo considera que los líderes de las organizaciones delictivas continúan coordinando operaciones extorsivas y ejecuciones desde el interior de los penales, aprovechando las deficiencias y el hacinamiento de los recintos.
En la provincia de Lima, tropas del Ejército asumieron la custodia perimetral en las prisiones de Ancón I y Miguel Castro Castro. De igual forma, las fuerzas militares reforzaron la seguridad en el penal de la ciudad de Trujillo, centro urbano impactado por delitos ligados a la minería ilegal y escenario de la reciente captura del cabecilla de la banda «Los Pulpos».
La declaratoria de cárceles en emergencia abarca asimismo al penal de Cochamarca, en la región andina de Pasco, y al centro de máxima seguridad de Challapalca, ubicado a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar en la región austral de Tacna.
El plan impulsado por la administración de Keiko Fujimori contempla solicitar al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días. Entre las medidas proyectadas destaca la obligatoriedad del trabajo para la población penal y la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.
