La exlegisladora es acusada de exigir a una colaboradora parte de su sueldo y el aguinaldo para conservar su empleo. Enfrentará el proceso en libertad.
Karla Ayala Villalobos, exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil de su Comité Ejecutivo Nacional, fue vinculada a proceso penal por presunto abuso de autoridad, informó La Jornada el 21 de octubre. La Fiscalía General de la República obtuvo la resolución ante un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
El juzgador determinó que Ayala enfrente el procedimiento en libertad y no le impuso medidas cautelares. La vinculación a proceso permite que continúe la investigación judicial, pero no constituye una sentencia ni determina por sí misma su culpabilidad.
La denuncia: pagos mensuales y aguinaldo
De acuerdo con los antecedentes del caso publicados por La Jornada, la exlegisladora habría exigido a una colaboradora de la Cámara de Diputados entregar 13 mil pesos mensuales, equivalentes a la mitad de su salario, como condición para mantener su puesto.
Las indagatorias señalan que las transferencias se realizaron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Posteriormente, en diciembre de ese año, Ayala presuntamente exigió la entrega completa del aguinaldo de la trabajadora para renovar su contrato. Ante la negativa, habría ordenado terminar anticipadamente la relación laboral.
La denunciante fue identificada en reportes previos como María Fernanda Moreno Salas, quien se desempeñaba como secretaria técnica de la Comisión de Juventud, presidida entonces por Ayala. La denuncia presentada en 2022 ante la FGR incluyó señalamientos por extorsión, amenazas y otros posibles delitos; sin embargo, la resolución judicial más reciente corresponde específicamente al presunto abuso de autoridad.
¿Qué sigue en el caso?
El proceso deberá determinar si las pruebas presentadas acreditan la responsabilidad penal de la exlegisladora. Por ahora, la información pública disponible no reporta una sentencia condenatoria. El caso pone bajo escrutinio las condiciones laborales de quienes trabajan en estructuras legislativas y los mecanismos para denunciar posibles abusos de poder.
