El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda formal contra el estado de Maryland y su fiscal general, Anthony Brown, para impugnar las políticas de «santuario» que, según el gobierno federal, interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración. Esta acción legal se centra en la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), la cual restringe la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades migratorias federales.
El gobierno federal estadounidense argumenta que Maryland vulnera la Cláusula de Supremacía de la Constitución al impedir que centros penitenciarios prolonguen la detención de personas basándose únicamente en solicitudes administrativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras el DOJ sostiene que estas políticas obstruyen la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos, el estado defiende que la colaboración obligatoria agota presupuestos locales y destruye la confianza de las comunidades en la policía.
Este litigio es el número 21 en una serie de demandas contra estados con políticas similares, como Nueva York e Illinois, lo que refleja un endurecimiento sistémico de la política migratoria bajo la administración de Donald Trump. En el contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, estas medidas generan un clima de incertidumbre para los migrantes.
La implementación de leyes que limitan la transferencia de detenidos a custodia federal impacta directamente a esta comunidad. Se estima que Maryland alberga a cerca de 100,000 personas de origen mexicano (según datos del Censo y organizaciones civiles), quienes quedan en medio de esta disputa constitucional sobre los límites de la autoridad estatal frente a la federal.
La resolución de este caso definirá no solo el futuro de la seguridad en Maryland, sino también el alcance de la protección que los estados pueden brindar a sus residentes indocumentados frente a la ofensiva judicial de Washington.
