La batalla legal por la regularización de cientos de miles de migrantes cubanos en Estados Unidos dio un paso decisivo este jueves, luego de que una jueza federal de Miami determinara que el tribunal cuenta con plena jurisdicción para examinar a fondo el caso. La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la moción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pretendía echar abajo el recurso, abriendo formalmente la puerta a un proceso que podría transformar el estatus migratorio de hasta 600 mil personas.
El litigio tiene su origen en la situación de 992 demandantes principales que ingresaron por la frontera terrestre con México tras la derogación en 2017 de la política de «pies secos, pies mojados» bajo la administración de Barack Obama. El núcleo de la controversia jurídica se sostiene en que las agencias migratorias procesaron y liberaron a estos ciudadanos en los puertos de entrada con documentación inadecuada o errónea, bloqueando de manera sistemática su acceso a los beneficios consagrados en la histórica Ley del Ajuste Cubano.
A la salida del Palacio de Justicia Federal Wilkie D. Ferguson Jr., el abogado principal del caso, Mark Prada, celebró la decisión judicial como un avance fundamental. El equipo legal buscará ahora que el tribunal certifique la demanda como una acción colectiva de alcance nacional. De prosperar esta vía, el fallo beneficiaría a todos los cubanos en territorio estadounidense que carecen del documento de parole humanitario, permitiendo incluso que aquellos que ya arrastran órdenes de deportación soliciten la reapertura de sus expedientes ante las cortes de inmigración para aspirar a la residencia permanente.
