El expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, anunció que solicitará la anulación del juicio en el que fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la comercialización irregular de 21 mil pruebas de COVID-19 e insumos médicos durante la pandemia. Durante una conferencia de prensa en su residencia en Guayaquil, el exmandatario sostuvo que «no hay delito» y argumentó que las transacciones correspondieron a un simple «acuerdo entre privados» de 60 mil dólares que no requería facturación.
La sentencia, emitida contra Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más, ratificó la acusación de la Fiscalía General del Estado, la cual demostró la existencia de una red que almacenó mascarillas, lancetas y pruebas diagnósticas en el domicilio del exgobernante para su posterior distribución nacional sin el pago de impuestos. Bucaram criticó el fallo judicial calificaándolo de desproporcionado e intimidatorio, al tiempo que acusó al juez ponente del tribunal de parcialidad y de sostener una animadversión personal en su contra evidenciada en redes sociales.
La defensa legal del expresidente confirmó que recurrirá a la apelación formal una vez notificada la sentencia por escrito y elevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de la orden de detención y el proceso en su contra, Bucaram aseguró que no abandonará el país y que trabajará en la reactivación de su movimiento político sin postularse a cargos de elección popular.
