La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 1.030 comparecientes involucrados en el conflicto armado al concederles la renuncia a la persecución penal. La medida beneficia a personas que cometieron crímenes graves pero no fueron identificadas como máximos responsables.
El 95% de los beneficiados (979 personas) pertenecen a la fuerza pública, Ejército y Policía. La medida abarca además a 46 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dos agentes estatales civiles, dos colaboradores de la guerrilla y un civil, vinculados a 377 hechos con 643 víctimas directas.
El magistrado Mauricio García, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, enfatizó que no se trata de un beneficio gratuito: los comparecientes deben seguir cumpliendo con los aportes a la verdad, la reparación y la no repetición, así como solicitar permisos para salir del país.
Más de 950 víctimas han participado en el proceso, el cual busca consolidar la reconciliación y el cierre jurídico del conflicto armado.
