Japón comenzó a aplicar este jueves una nueva ley que convierte en delito la profanación pública de su bandera nacional, una medida que establece penas de hasta dos años de prisión o multas de 200 mil yenes, alrededor de mil 200 dólares.
La norma sanciona a quienes dañen, retiren o ensucien públicamente el Hinomaru, nombre con el que se conoce a la bandera japonesa, cuando lo hagan de una manera que provoque un fuerte sentimiento de rechazo o repulsión entre otras personas.
La legislación fue aprobada por el Parlamento el pasado 17 de julio y entró en vigor este 13 de agosto, después de su promulgación. Sus impulsores sostienen que era necesario proteger la bandera japonesa, especialmente porque la legislación ya contemplaba sanciones por dañar públicamente símbolos nacionales de otros países.
Sin embargo, la entrada en vigor abrió un debate sobre los límites de la libertad de expresión. La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados cuestionó la redacción de la ley y advirtió que conceptos como el “rechazo” o la “repulsión” pueden resultar ambiguos y generar un efecto intimidatorio sobre expresiones políticas o artísticas.
También alrededor de 200 expertos pidieron su derogación al considerar que podría entrar en conflicto con las garantías constitucionales de libertad de expresión. Human Rights Watch, por su parte, alertó sobre el riesgo de que este tipo de normas sean utilizadas para perseguir a personas críticas del gobierno.
La bandera japonesa tiene además una historia particular. Aunque el Hinomaru fue utilizado como símbolo nacional durante décadas, su relación con el expansionismo y el militarismo japonés durante la primera mitad del siglo XX mantiene un significado controvertido en el país y en otras naciones asiáticas.
Japón reconoció oficialmente la bandera en 1999. Ahora, 27 años después, su protección deja de ser únicamente simbólica y adquiere una dimensión penal. El alcance real de la nueva legislación dependerá de cómo las autoridades y los tribunales interpreten sus límites.
