La empresa estadounidense Flock Safety anunció nuevas medidas para evitar que policías utilicen de forma indebida sus cámaras de vigilancia, después de varios casos en los que agentes aprovecharon el sistema para rastrear personas. El problema es que una de sus principales herramientas para detectar esos abusos todavía no explica con claridad cómo funcionará.
Flock opera una amplia red de cámaras que registran placas de vehículos y permiten a las autoridades conocer dónde fueron vistos. La tecnología se utiliza para investigar delitos, localizar personas desaparecidas y recuperar vehículos robados, pero también ha generado fuertes críticas por los riesgos para la privacidad.
La compañía anunció que hará obligatorio Audit Assistance, una herramienta diseñada para identificar comportamientos sospechosos en las búsquedas realizadas por agentes y enviarlos a revisión. Si detecta una actividad irregular, el sistema puede provocar la suspensión del acceso mientras se investiga el caso. Sin embargo, Flock no ha detallado públicamente cómo identifica esos patrones ni qué criterios utiliza para determinar que una búsqueda resulta sospechosa.
La medida llega después de que al menos 50 agentes de distintas corporaciones fueran acusados o señalados por utilizar las cámaras de manera indebida. Uno de los casos más recientes ocurrió en Florida, donde un policía fue acusado de utilizar el sistema para rastrear a su esposa separada en más de 700 ocasiones.
Flock también reducirá de 30 a siete días el tiempo que conserva por defecto la información y exigirá que las búsquedas estén relacionadas con un número de expediente. Los cambios comenzarán a aplicarse de forma obligatoria a los usuarios policiales a partir de enero de 2027.
El anuncio no ha cerrado el debate. La ACLU considera que las medidas son insuficientes porque las propias corporaciones policiales mantienen un papel central en el control de la tecnología y sus datos.
Así, Flock intenta recuperar la confianza en un sistema creado para combatir delitos, pero que ahora enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién vigila a quienes utilizan las cámaras para vigilar a los demás?
